Las asociaciones dan prioridad a la creación de empleo y rechazan el Plan de Vivienda y la reforma del IRPF

La reducción de la jornada laboral a 35 horas y la búsqueda de nuevos yacimientos que permitan la creación de nuevo empleo son algunos de los aspectos que se plantea debatir abiertamente el movimiento vecinal en los próximos años, que considera el paro la primera preocupación ciudadana. En un documento monográfico dedicado al empleo la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVE) exige a la Administración Pública "políticas activas para desarrollar nuevos oficios y profesiones" (los llamados yacimientos del empleo, que ya llevan desarrollándose años en otros países centroeuropeos) además de "un plan de fomento para la inserción de jóvenes tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo". Además, esta organización se muestra abierta a discutir la implantación de la jornada de 35 horas e incluso si resulta aconsejable, a aplicarla. El mismo documento también resalta la predisposición del movimiento vecinal "a formar parte de los programas de expansión del Inem a través de la creación de Servicios de Información para el Empleo (SIPE)". Una de las claves para el movimiento vecinal de este fin de siglo es la crisis "de militancia" que viven tanto sindicatos, partidos, como las propias asociaciones vecinales. Ante ello, otro de los documentos de trabajo presentados por la CAVE destaca que el movimiento vecinal debe buscar un nicho desde el que poder contribuir de forma activa al juego democrático. Para ello entienden que deben desempeñar un papel activo en la consolidación de una una sociedad basada en "los ciudadanos y en la solidaridad" y que se sustente en la sociedad del Bienestar -en la que cabe vivienda, empleo, sanidad y educación- y por la que debe velar el movimiento vecinal. Además, la asamblea general que termina hoy en Valencia se propone presentar una serie de medidas para aumentar la participación ciudana en las instituciones democráticas, por lo que va a instar a la puesta en marcha de la Carta Ciudadana para los Municipios del Estado español, el fomento del buen funcionamiento de los diferentes Consejos Locales, además de la creación de un código ético para mejorar la imagen de los partidos y su relación con el elector.