Injusticia tributaria

La discusión política en torno al nuevo IRPF tiende a dar en la más notable confusión; suele suceder con los impuestos; así como para mucha gente es imposible representarse una realidad sobre un plano, el diseño legal de un impuesto no permite siempre a la inmensa mayoría de la gente hacerse cargo de lo que le va a pasar con tal diseño, una vez que se haga realidad aplicada. Es más fácil imaginar lo que pasará con una norma sobre impuestos indirectos, como el IVA o el del tabaco. Así que la mayor parte de la gente tiene que fiarse, para satisfacer su curiosidad, de lo que digan otros, expertos o políticos; estos, sobre todo, son capaces de llegar pronto a un juicio definitivo, tajante, resumido en poco más de dos palabras que todo el mundo (votantes) pueda entender; simplicidad falseadora; y cuanto más complejo el asunto, más fácil simplificar aprovechando lo que podríamos llamar sin rebozo la perplejidad del auditorio.

Lo que se olvida casi siempre al discutir esta reforma es la grave injusticia tributaria de la situación actual. Desde 1985, en España (como en otros países de la UE) se ha venido paliando la tributación sobre las rentas del capital; desde 1990, la libertad de movimiento de capitales ha establecido una competencia a la baja entre los Estados para atraer capitales o evitar que sean atraídos por otros; hasta el punto de que la terminación de esta situación es el principal problema tributario en el seno de la Comunidad, que todavía pretende afrontar el Ecofin en una propuesta del 1 de diciembre pasado. Lo que quiero significar es que, por distintas vías, las rentas de capital han ido saliendo, legalmente, de la base del impuesto progresivo, incluidas las plusvalías correspondientes. El IRPF, en España y en otros países, ha ido quedando prevalentemente para las rentas del trabajo dependiente, o rentas del trabajo controlado, en general. Como dice un informe de la Comisión de las Comunidades, de 22 de octubre de 1996, "entre 1980 y 1994, el promedio comunitario del tipo tributario implícito aplicado al trabajo por cuenta ajena aumentó de forma constante del 34,7% al 40,5%. Ese mismo indicador referido a otros factores de producción (capital, trabajo por cuenta propia, energía, recursos naturales) disminuyó del 44,1% al 35,2%...".

En España, el 80% de la total recaudación por IRPF proviene de las rentas del trabajo dependiente; y estamos hablando de actitudes "legales", no de evasión, que desde luego existe, pero también para el trabajo dependiente en la economía sumergida.

El mantenimiento de una fuerte progresividad sobre esta parte de la renta global, la del trabajo, es una palpable injusticia; el mantenimiento de una tributación relativa más fuerte de las rentas del trabajo que las del capital es una injusticia tributaria y un contrasentido económico en economías con mucho paro. Ya una legislatura socialista redujo esta tributación (en su forma más llamativa del tipo marginal de la escala), aunque luego tuvo que anular la medida por razones recaudatorias; y este objetivo no ha dejado de estar presente en la intención de Gobiernos posteriores, hasta el actual, y en los programas electorales de los principales partidos del país. Repito, lo que sucede ahora es una gran falta de equidad, entendida ésta en el sentido constitucional.

La propuesta del nuevo IRPF, al bajar los tipos, es, por tanto, apreciable, aunque moderada. Es decir, si se aprueba, la injusticia de la tributación será menor, pero no desaparecerá; porque no parece que las libertades económicas europeas y mundiales vayan a permitir una vuelta a tributaciones altas y más progresivas sobre las rentas del capital; y, por ello, en general, los críticos de la propuesta no las proponen a su vez. Esta situación es así, y escapa a nuestras decisiones estatales; no podemos volver a aquel IRPF de 1978 en que se sometía a tributación progresiva la totalidad de las rentas, vinieran de donde vinieran, incluidos incrementos de patrimonio (no está de más recordar que entonces se fijó un tipo medio de gravamen máximo del 40%). Por eso, la justicia exige reducir la tributación de las rentas de trabajo y reducir el grado de progresividad, ya que, repito, si ésta opera sobre partes de la renta global es fuente de graves desigualdades interpersonales en la carga tributaria personal. La justicia y la igualdad, en la medida en que sea una exigencia de aquélla, deben buscarse por otro medios como los del gasto público u otros.