Escurrir el bulto

CUATRO DÍAS después de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España en los últimos diez años, es el momento de recordar algunas evidencias y aportar algunas reflexiones. Es evidente que el responsable directo -aunque no único- de la riada de agua tóxica que está devastando el perímetro del coto de Doñana es la empresa minera sueca Boliden Apirsa, explotadora de la mina de Aznalcóllar y propietaria de la presa o embalse cuya rotura liberó el agua maldita; y también que los primeros afectados son los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en el preparque, unas 5.000 hectáreas que han resultado literalmente aniquiladas por el torrente contaminado. Algunos cálculos cifran en 12.000 millones las pérdidas económicas, con la práctica certeza de que la zona quedará arruinada para cualquier tipo de cultivo o explotación al menos durante el próximo lustro. Los efectos sobre la fauna y la flora de la zona arrasada, y quizá también, con el paso del tiempo, del propio coto, son asimismo parte del terrible coste que habrá que pagar por este siniestro.Pero, además de las evidencias que apuntan a la multinacional Boliden como responsable directa del vertido, cuyas consecuencias civiles y penales tendrán que ser determinadas por la justicia, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía también tienen responsabilidades políticas y administrativas en el terrible suceso. En las últimas horas se han enzarzado en una carrera de acusaciones mutuas para rehuir la cuota de culpa que les corresponde. A la Junta de Andalucía compete vigilar y autorizar las explotaciones mineras, mientras que es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, según algunas interpretaciones, controlar y aprobar los embalses de gran tamaño -el de Aznalcóllar embalsaba cinco millones de metros cúbicos-. Está claro que la descoordinación entre la Junta y el ministerio han facilitado la gravísima situación en que hoy se encuentra Doñana. Si, como se ha informado, la última inspección de la presa, practicada horas antes de que reventara, certificó el buen estado de la obra de contención, habrá que preguntarse para qué sirven las inspecciones. Más aún cuando el Instituto Geofísico de Andalucía ha negado que la rotura se produjera por un movimiento de tierras . Con la misma lógica, cabe preguntar para qué sirven y cuáles son las funciones del ministerio y de las consejerías de la Junta si no son capaces de impedir el envenenamiento masivo en la zona ecológica más emblemática del país.

Isabel Tocino y Manuel Chaves deberían poner fin de una vez a este bochornoso cruce de inculpaciones y juntar todos sus esfuerzos, personales y financieros, en garantizar el mínimo impacto tóxico posible en el coto de Doñana. Porque, a pesar de la triunfalista apreciación lanzada ya en la madrugada del domingo por la ministra -en el paroxismo del propagandismo televisivo-, cuando declaró «¡Hemos salvado Doñana!», el agua intoxicada y los lodos venenosos siguen rodeando el coto. Si bien no han entrado directamente, sí lo han hecho ya de forma indirecta, a través de filtraciones, acuíferos, corrientes subterráneas, lluvias y otros vericuetos difíciles de controlar. Paliar el daño es ahora cuestión de imaginación, esfuerzo y dinero. Boliden, causante de este desastre, Medio Ambiente y la Junta andaluza tienen que aceptar la responsabilidad del enorme destrozo causado y la tarea de repararlo. Sería un alivio para la opinión pública, que asiste con cierta desmoralización a la negligencia de las empresas privadas para respetar el patrimonio natural y a la desidia de las administraciones públicas para salvaguardarlo.