Un ex directivo de la mina había avisado

La rotura de la presa se veía venir. El 20 de enero de 1996, un ex directivo de Minas de Aznalcóllar reclamó a la Junta de Andalucía la inmediata clausura de la presa que reventó ayer, para evitar "un desastre natural de consecuencias incalculables". La multinacional sueca propietaria de la explotación se limitó a responder que la presa reunía todas las condiciones técnicas exigidas y que únicamente se habían producido algunas "pequeñas filtraciones". La Junta confirmó ayer que la balsa contaba con todos los estudios técnicos. El denunciante, el ingeniero Manuel Aguilar Campos, había sido hasta 1994 jefe de carga y transporte de Minas de Aznalcóllar e incluso participó en la construcción de la balsa. La empresa Boliden Apirsa cargó contra él cuando hizo la denuncia y lo acusó de actuar por venganza. El director de Recursos Humanos de la empresa Minas de Aznalcóllar, Manuel Alcaraz Sánchez, leyó ayer un comunicado según el cual "todos los datos técnicos apuntan a que dicha rotura se produjo como consecuencia de un corrimiento de tierras".

Las organizaciones ecologistas mostraron su indignación por lo sucedido, informa Fernándo Arnáiz, y anunciaron que acudirán a los tribunales para exigir responsabilidades penales y civiles a la empresa minera. La Confederación Ecologista y Pacifista de Andalucía (CEPA) ya denunció deficiencias en la construcción de la balsa en 1995, según explicó Juan Romero, portavoz en Huelva. Los conservacionistas pidieron también la dimisión y explicaciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de los consejeros andaluces de Industria y de Medio Ambiente.

Mientras, Greenpeace ha pedido que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, inicie de oficio una investigación, y Adena explicó que el río Guadiamar quedará "intensamente contaminado durante una década".

Tras sobrevolar la zona en helicóptero, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, calificó la situación como "una catástrofe ecológica de grandes dimensiones" y anunció que la Guardia Civil había empezado a tramitar las diligencias "para presentar una denuncia por delito ecológico y empezar a depurar responsabilidades de todo tipo".