Anuncian sanciones para los médicos que no declararon casos de hepatitis C

La Consejería de Sanidad valenciana abrirá expediente a todos los médicos, tanto del sector público como privado, que no han declarado los casos de hepatitis C a la Dirección General de Salud Pública, según dispone la orden del 4 de marzo de 1997, en la que se desarrolla el Sistema Básico de la Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública. El artículo 2 de esta orden señala que "todos los médicos, tanto del sector público como privado, que se encuentren o ejerzan su profesión en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, están obligados a, declarar ante la Conselleria de Sanidad la existencia o sospecha de las enfermedades reseñadas en el anexo I", entre las que se encuentra la hepatitis C. Asimismo, la Consejería de Sanidad también abrirá expediente a la Clínica La Salud por haber ocultado la existencia de un brote de hepatitis C en su centro. El artículo 7 de dicha orden afirma que "esta obligatoriedad afecta en primera instancia a todos los médicos en ejercicio y a los centros sanitarios públicos y privados que detecten la aparición del mismo". En este sentido, hay que recordar que la Consejería de Sanidad tuvo conocimiento por primera vez de la existencia de casos de hepatitis C en la Clínica La Salud el viernes 20 de marzo tras la denuncia realizada por la empresa Iberdrola.

Ese mismo día, la Unidad de Evaluación Sanitaria y Calidad Asistencial (UESCA), antes denominada Inspección, puso en marcha una investigación. Por su parte, la Dirección General de Salud Pública inició un estudio epidemiológico consistente en realizar una encuesta individualizada a cada uno de los casos a medida que se tenía conocimiento de ellos. La Consejería de Sanidad remitió siete días después al Fiscal General del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por oficio de fecha 27 de marzo, con entrada el 30 de marzo, un informe preliminar del resultado de la investigación realizada hasta ese momento por la UESCA.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 9 pidió el 3 de abril un informe a la Dirección General de Salud Pública.