El plan contra los malos tratos cuesta 9.000 millones
Casi 9.000 millones de pesetas para luchar contra la violencia doméstica en los próximos tres años. Ésa es la oferta del Gobierno que, por medio de su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, presentó ayer a las comunidades autónomas el texto final del plan sobre violencia contra las mujeres. Más de medio año de trabajo y cinco ministerios han sido necesarios para sacar adelante este plan que nació como urgente. El texto final ha perdido por el camino los aspectos más controvertidos. Es el caso de la mediación, que se proponía en uno de los borradores -han circulado tres distintos- como alternativa a la vía judicial. Pero mantiene otros, como la asistencia al maltratador, que no son del agrado de las asociaciones de mujeres.
Y ha ganado un presupuesto: 8.941 millones de pesetas, desde este año y hasta el 2000 (2.500 para lo que queda de 1998; 3.000, en 1999, y el resto, en el 2000). Esta cantidad será financiada por los ministerios -Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Interior, Sanidad y Educación- que han participado en su diseño.
Nada se dice de las comunidades autónomas. Ni de cómo se van a articular las medidas con aquellas comunidades que, como Andalucía, donde gobierna el PSOE, ya cuentan con su propio proyecto. "Es un plan del Gobierno", se quejó la secretaria de la Mujer del PSOE, Micaela Navarro, que cree se corre el riesgo de duplicar esfuerzos.
Entre las medidas aplaudidas por las ONGs se encuentra la posibilidad de que el juez decrete el distanciamiento del agresor desde el mismo momento de la denuncia, algo que "puede evitar las muertes", según la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez. En lo que va de año han muerto 19 mujeres a manos de su compañeros.
Para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, "el problema no está en la ley, sino en su aplicación'' aunque reconoce aspectos positivos en algunas medidas. Lo que más molesta a las asociaciones de mujeres es que no se las haya escuchado en la negociación, acusación que rechazó Amalia Gómez.
El plan prevé la actuación en seis ámbitos: prevención, educación, recursos sociales, sanidad, investigación y legislación y práctica jurídica. Pero no empezará a aplicarse hasta que el Consejo de Ministros lo apruebe. Y para eso no hay fecha, aunque Amalia Gómez confía en que entrará en el del próximo viernes.
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