El precio del error

EL DESCUBRIMIENTO del espionaje telefónico practicado por el Cesid en una sede de HB ha causado un escándalo que -conforme pasan los días sin aclaración- tiende a multiplicarse como desorden político. En este desbarajuste se cruzan algunas sospechas sobre enfrentamientos internos entre el vicepresidente político del Gobierno y algunos ministros para controlar los servicios secretos, con posibles fugas de información en la Telefónica. del País Vasco. El último episodio de este: descontrol ha sido la publicación en el diario Egin, vocero de HB, de la identidad, datos personales y comicilio de uno de los agentes implicados en las escuchas, como prueba fehaciente de que el diario dispone de datos confidenciales sobre la red de agentes del Cesid en Euskadi, publicidad que obliga a reconstituir por entero los servicios. Todo ello ante la sorprendente pasividad del Ejecutivo, que parece entender los acontecimientos de las últimas semanas como un asunto laboral de ".la Casa".La comparecencia, hoy ante el Congreso, del ministro de Defensa, Eduardo Serra, aunque tardía, es una oportunidad para aclarar los distintos tipos de responsabilidades que se pueden derivar del espionaje telefónico. El ministro está obligado a explicar, en primer lugar, si las escuchas a la sede de HB contaban con los requisitos legales pertinentes; si no es así, como parece, existen unas responsabilidades judiciales que los tribunales deberán sustanciar. Como ha recordado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, "la Constitución exige que para interceptar llamadas telefónicas sea imprescindible una resolución judicial". Esta exigencia supone una cierta contradicción en sus términos: un servicio secreto deja de serlo, o por lo menos pierde gran parte de su eficacia, si su actuación se circunscribe a los casos de delito demostrado y con una orden judicial. Todos los servicios secretos rozan con el Estado democrático, que es, por esencia, transparente.

Pero, sobre todo, Serra deberá informar del marco concreto en el que se autorizaron las escuchas, del que se derivará el resto de responsabilidades. Las consecuencias profesionales para quienes escucharon sin mandato no debe confundirse con la responsabilidad política de quienes autorizaron, o toleraron, la operación. El Parlamento deberá saber también quiénes fueron los que lo hicieron.

Si el ministro de Defensa y el Gobierno eluden esta respuesta y ceden a la tentación de echar tierra al asunto -quizá con el sacrificio de algunos mandos del Cesid cometerán una gran torpeza. Las responsabilidades políticas han de ser asumidas, máxime cuando existe el precedente cercano de las dimisiones del vicepresidente del Gobierno y del ministro de Defensa socialistas por casos parecidos al del espionaje telefónico de ahora. Asimismo, el Cesid debe ser reestructurado y modernizado sin caer en la tentación -tan cara a este Ejecutivo- de confundir el nombramiento de algún amigo personal del Gobierno para dirigirlo con la puesta al día que se reclama; y, desde luego, es urgente regular el marco legal en el que puede y debe moverse un servicio de espionaje moderno.