Defensa plantea un control judicial para las escuchas del Cesid

El proyecto de ley del Cesid, que el Ministerio de Defensa elaboró en el verano de 1996, preveía que un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y una comisión formada por tres diputados controlasen las intervenciones telefónicas del servicio secreto. Esta regulación, que hubiera permitido legalizar escuchas como las descubiertas en la sede de HB en Vitoria, quedó aparcada por razones de oportunidad política. El ministerio se plantea ahora retomar este proyecto para llenar el vacío legal existente.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, comparecerá hoy en el Congreso para informar sobre la situación creada tras descubrirse las escuchas en la sede de HB en Vitoria. El proyecto partía de la base de que el artículo 18.3 de la Constitución permite restringir el derecho al secreto de las comunicaciones cuando exista una amenaza a la seguridad del Estado, pero siempre bajo control judicial. Defensa estudió dos fórmulas para plasmar ese control: el nombramiento de dos jueces, uno de la Audiencia Nacional y otro del Tribunal Militar Central; o de un magistrado de la Sala Segunda del Supremo, designado por el Consejo General del Poder Judicial. Acabó inclinándose por esta última. Si el proyecto hubiese prosperado, quizá Serra se habría ahorrado la comparecencia de hoy ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde Izquierda Unida y el PNV le pedirán la dimisión por el espionaje a HB. Serra no va a dimitir, como tampoco ha aceptado el cese del jefe del Cesid, Javier Calderón, aunque en medios gubernamentales se da por seguro a medio plazo. El ex presidente del Gobierno Felipe González, por su parte, declaró ayer en Madrid que considera "gravísimo y muy preocupan te" el peligro que supone para la seguridad del Estado y para la vida de algunas personas las filtraciones sobre las escuchas del Cesid.