El undécimo parque nacional nace con disputas sobre sus Iímites y su gestión

La creación de Sierra Nevada como undécimo parque nacional y primero en superficie ha iniciado sus pasos en las Cortes con fuertes discrepancias sobre cuáles deben ser sus límites y el modelo de gestión. El temor a que la oposición de algunos municipios reavive iniciativas violentas en contra y la necesidad de perfilar unos límites precisos han puesto en guardia a la Administración de estos entornos. Además, el Parlamento, que ha promovido por consenso la ley, reclama el control del parque, una exigencia considerada ilegal en el Ministerio de Medio Ambiente.

El primer intento de atribuir a Sierra Nevada la categoría de parque nacional se frustó en 1929. Juan José San Cruz, el diputado socialista que promovió la iniciativa, fue asesinado tras la Guerra Civil. Cuando casi sesenta años después se ha retomado aquella idea, al diputado socialista por Granada, Ángel Díaz Sol, le ha tenido que proteger la Guardia. Civil para no ser agredido, por los vecinos que se niegan a que parte del municipio granadino de Güéjar-Sierra se integre dentro de los límites del futuro parque. "Desgraciadamente, tenemos experiencias de límites que luego no sólo no son identificables sobre el terreno, sino que hay una muralla de ciudadanos dispuestos a que no los identifiquemos, a veces con contundencia", afirma Jesús Casas, consejero de Parques Nacionales y director durante 15 años del de Doñana.

En la definición de los límites de una superficie superior a las 80.000 hectáreas, alrededor de las cumbres más elevadas de la península, trabaja el organismo autónomo de Parques Nacionales con los datos elaborados por un Comité de Expertos que dirije José Luis Rosúa.

Montañeros, científicos y ecologistas defienden la máxima superficie posible. Pero Jesús Casas, curtido en lides conservacionistas, apuesta por el pragmatismo. Si se incorporan repoblaciones de pinares como las del Marquesado habría que eliminarlos, por el bien del parque. "Si me nombran arzoibispo de Canterbury, seré arzobispo de Canterbury", decía para que le entendieran, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente donde ha comenzado esta semana la tramitación del proyecto de ley del Parque Nacional de Sierra Nevada.

La ley está plenamente justificada. Según Casas, el parque podría reproducir la totalidad de los ecosistemas que hay en Europa desde Gibraltar hasta el Cabo Norte y trasladar a los ciudadanos del mundo que en este pequeño espacio de no más de 50 kilómetros de largo "tenemos representado todo lo que se puede encontrar en un continente de 5.000 kilómetros dé largo". El catedrátido de biología vegetal de Granada, Francisco Valle Tendero, precisa esa representación. Sierra Nevada reúne 2.100 grupos de flora' ibérica de los 8.000 existentes; más de un centenar de taxones exclusivos y la mitad de los 250 que hay en la península, con especies únicas de gran originalidad, desde la propias de la tundra ártica a las de los desiertos del Norte de África, en una convivencia insólita de la biodiversidad del continente.

Todos los grupos políticos comparten la necesidad de proteger ese. espacio. Pero el proyecto de ley reclama su gestión para la Junta de Andalucía, según un modelo "ilegal" para el secretario de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, pues la Ley de Parques Nacionales dice que la gestión deben compartirla el Estado y las comunidades autónomas. Si no se asume el proyecto, el consejero de Medio Ambiente andaluz, José Luis Blanco, dice que la Junta recurrirá al Constitucional.