La falta de consenso fuerza al Senado a retrasar por segunda vez su posición sobre los residuos nucleares
La ponencia del Senado que se ha dedicado durante más de un año y medio a estudiar el futuro de los residuos radiactivos tampoco consiguió ayer sacar adelante su informe de recomendaciones. El pasado 23 de marzo la negativa del PSOE a avalar el documento presentado por el PP y los grupos nacionalistas vasco y catalán aconsejó retrasar hasta ayer un nuevo encuentro para acercar posturas, pero no se consiguió.Frente a las opciones de desarrollar un almacenamiento geológico profundo (AGP), un almacenamiento centralizado de contenedores de doble uso y una ley específica sobre el tratamiento del combustible usado por las centrales nucleares -como sugiere el informe-, el PSOE niega la mayor. Ayer presentó una enmienda a la totalidad del documento. Y en respuesta a esta iniciativa la ponencia se ha vuelto a dar un nuevo plazo hasta el próximo día 22 para meditar si son asumibles algunas de sus propuestas y si es posible alcanzar el consenso en el marco de la ponencia. Con consenso o sin él,-el coordinador de la ponencia Juan José Unceta, dijo ayer que el acuerdo alcanzaba un 75%-, la Comisión de Industria formu- lará su propuesta definitiva el día 29, de modo que se plantee su aprobación en el primer pleno del Senado disponible.
Ángel Franco, portavoz del PSOE en la comisión, concreta la postura de su partido en tres puntos clave. No al almacenamiento geológico profundo (su coste se estima en torno a los 500.000 millones de pesetas). No existe ninguno en operación y la tendencia mundial es a reconsiderarlos. Rechazo al almacenamiento temporal centralizado en superficie. Dedicar fondos a investigaciones coordinadas con lo que se hace en la Unión Europea, en lugar de invertir cuan- tiosas sumas en laboratorios experimentales; reconsideración global de todo el ordenamiento nuclear en línea con el europeo y creación de una comisión interministerial de ayudas a los municipios con monocultivo nuclear.
El PSOE pretende ir mas lejos. En su replanteamiento político-nuclear, y si se renuncia al AGP, baraja la modificación del estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear y, de la propia ENRESA (sociedad pública para gestionar residuos radiactivos), que cuenta con más de un cuarto de billón de pesetas en activos, acumulados con la tasa del 4,05% de la factura de la luz
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