La Generalitat se muestra satisfecha y no ve necesario llevar de nuevo la ley al Parlamento
La Generalitat de Cataluña acogió con satisfacción la decisión del Defensor del Pueblo. El consejero de Presidencia, Xavier Trias, anunció que las recomendaciones serán estudiadas "con todo el respeto que merece la institución del Defensor del Pueblo" e introducidas de considerarse "apropiadas'', en la "aplicación de la ley". De sus palabras se desprendió que el Gobierno de la Generalitat no tiene intención de volver a llevar la ley ante el Parlamento de Cataluña para modificar los artículos problemáticos, en contra de lo que sugiere en su nota Fernando Álvarez de Miranda.
Xavier Trias, consejero de Presidencia y número dos del Gobierno catalán, y Joan Maria Pujals, consejero de Cultura y responsable directo de la ley, fueron los encargados de hacer pública la reacción de la Generalitat a la decisión del Defensor del Pueblo. Trias leyó una nota en la que se afirmaba que el Gobierno de Jordi Pujol celebraba que Fernando Álvarez de Miranda no hubiera presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley del catalán. "Lo consideramos un hecho altamente positivo", afirmó Xavier Trias.El consejero de Presidencia dijo, sin embargo, que aún no había leído la nota pública del Defensor del Pueblo. Y, ante la pregunta de un periodista, consideró que no era cierto, aunque efectivamente lo es, que el Defensor del Pueblo avisara a la Generalitat de que si la aplicación de la ley se desviara de sus recomendaciones, optaría por la vía del recurso de amparo. ante el Tribunal Constitucional.
Trias considera que el asunto está zanjado. Y evitó hacer comentarios sobre el contenido concreto de la nota emitida por Álvarez de Miranda. "Nosotros no tenemos que meternos", afirmó, "con lo que dice el Defensor del Pueblo. Nosotros veremos cuáles son, desde nuestro punto de vista, las recomendaciones adecuadas y las que no lo son".
Aplicación de la ley
Aunque Xavier Trias no quiso entrar en la cuestión concreta de si las recomendaciones se aplicarían al pie, de la letra o no, indicó que éstas serían tenidas en cuenta "en la aplicación de la ley", y no para una nueva redacción de los artículos conflictivos. También sugirió que la Generalitat catalana se reserva el derecho de seleccionar entre las recomendaciones las que sean "apropiadas" y las que no.El Gobierno de Jordi Pujol dedicará los próximos días a estudiar la nota del Defensor del Pueblo y a decidir qué hace con sus indicaciones. En medios próximos a la Administración catalana se consideraba ayer, sin embargo, como lo más probable que se recogiera el espíritu de las recomendaciones en los reglamentos de aplicación de la ley, para no tener que remitirla de nuevo al Parlamento autonómico. La redacción definitiva de la ley, a la que sólo se opusieron finalmente los independentistas de Esquerra Republicana (por considerla demasiado tibia) y el Partido Popular (que la ve poco respetuosa con el castellano), fue producto de un laboriosísimo consenso que nadie parece tener ganas de reabrir.
El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento catalán, Joaquim Nadal, rechazó abiertamente las recomendaciones de modificación: "El Defensor del Pueblo no está en condiciones de dar lecciones al Parlament, sólo está en condiciones de emitir opiniones personales que se deben respetar aunque se pueda discrepar de ellas".
El presidente del PP en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, se declaró "satisfecho" por la decisión del Defensor e instó a CiU y PSC a que aceptaran las recomendaciones. "El PSC tiene ahora una magnífica ocasión para rectificar el error que supuso, en su momento, que apoyara una ley innecesaria por seguidismo lingüístico ante CiU", añadió.
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