Trámite de aliño

EL GOBIERNO del PP se ha especializado, al menos en el área económica, en ir mucho más allá en lo que dice que en lo que hace. Su modus operandi, observable empíricamente en casi todos los grandes anuncios de proyectos económicos, consiste en enunciar las medidas que considera convenientes y, o bien considerar que con la enumeración de las mismas basta para que se produzcan los efectos que se pretenden -caso de las liberalizaciones sectoriales-, o bien dejar que el tiempo anule o cambie su contenido, como es el caso del medicamentazo. El Plan de Empleo, anunciado atropelladamente en noviembre de 1997 para compensar la espantada de España en la cumbre de Luxemburgo, en la que no suscribió las aportaciones para estimular la creación de empleo en el ámbito comunitario, cuadra exactamente con esta estrategia de sonoros anuncios que terminan con un ratón, como el parto de los montes.El documento que ha presentado el ministro del ramo es lo que en el argot sindical se conoce como un plan grapado. Tal expresión define los proyectos que recopilan las disposiciones ya conocidas para hacerlos pasar por aportaciones nuevas. En el caso del Plan de Empleo, el invento consiste en tomar las medidas que ya están en marcha, incluso las que con cierto provecho están aplicando algunas comunidades autónomas, añadirles deprisa y corriendo alguna asignación presupuestaria extraordinaria, ponerles un prólogo, graparlo todo, y ya está. El Gobierno ha sumado las políticas activas de empleo, que ya estaban previstas en distintas partidas de los Presupuestos Generales del Estado, más una inversión adicional de 80.000 millones -ésta es la financiación que confiere novedad al proyecto-, y el resultado es el Plan de Empleo que se presentará próximamente en Bruselas con un volumen de inversión de 955.000 millones de pesetas en 1998.

Tan excepcional cuantía no acompaña, no obstante, a extraordinarias innovaciones en el tratamiento de un problema tan grave como el desempleo. El Gobierno parece considerar que el aumento en la formación profesional de los parados generará automáticamente el empleo que falta; por ello destina casi 800.000 millones a financiar, total o parcialmente, actividades de formación profesional. Una novedad apreciable, aunque de relativa originalidad, es que se pretende estimular la creación de puestos de trabajo en el sector de empresarios autónomos que ahora no tienen asalariados. El procedimiento elegido es el de la bonificación de cotizaciones sociales por creación de empleo, a las que, en conjunto, se destinan 144.000 míllones. El texto del Gobierno se limita a registrar la existencia del paro, poner los parches que indican los manuales y apostar a que la economía española creará 370.000 nuevos empleos en 1998 confiando en el impulso de la recuperación económica. Pero ¿por qué 370.000 y no 420.000? Y los nuevos empleos que dice Trabajo que se van a crear, ¿son más o menos de los que necesita la sociedad, española para reducir el paro actual y acoger a los profesionales que cada año se incorporan al mercado de trabajo?

Sin poner en duda las excelencias de potenciar la formación profesional entre los desempleados, es evidente que la propuesta del ministro Arenas hace todo lo posible por rodear el problema de fondo -cuyo diagnóstico y terapia podría ocasionar enfrentamientos con las patronales- y evitar un debate serio y extenso sobre la percepción que tiene la sociedad sobre el paro y sobre cómo podría resolverse o aliviarse. Mientras este debate está en la calle y en las agendas políticas de casi todos los países europeos, el Ministerio de Trabajo se limita a lanzar señales de humo para cumplir con Bruselas.

Nada se dice, para bien o para mal, del debate sobre las 35 horas; ni sobre los estímulos reales y facilidades de crédito a potenciales inversores o emprendedores; ni sobre un cambio en los criterios de pago del seguro de desempleo para que los parados tengan incentivo para buscar trabajo de forma inmediata, ni para desarrollar o potenciar los estímulos ya existentes para que los desempleados formen sus propias empresas. Todo cuanto pueda ser innovador está cuidadosamente extirpado del plan, en parte porque no se ha querido o no se ha sabido suscitar un debate sobre el auténtico problema de la sociedad española, en parte porque su aplicación exigiría costes políticos inasumibles por el Ejecutivo.

En lugar de una discusión auténtica sobre el paro, se ofrece un plan resuelto como un trámite y elaborado como una faena de aliño. A pesar de su voluminoso aspecto y la cuantía de los recursos aplicados, el plan confirma que este Gobierno solamente cree en los impulsos del mercado para combatir el desempleo, que se siente incómodo con un problema tan complejo y que no tiene una política clara y estructurada para resolverlo.