El Poder Judicial niega el amparo al juez de Albacete que se cree acosado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) negó ayer el amparo solicitado por el juez Manuel Mateos por creerse en "una situación de acoso" como consecuencia de las movilizaciones y críticas recibidas por su actuación penal contra una mujer que interrumpió su embarazo y contra la clínica Iris, autorizada para practicar abortos. Por su parte, IU acusó de ligereza al juez Mateos y al policía Gerardo Fernández por iniciar una persecución penal antes de comprobar si el aborto se había acogido a uno de los supuestos legales.

El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, informó a primera hora de la noche de ayer que el pleno, que continuaba reunido, había acordado no conceder al juez Manuel Mateos Rodríguez el amparo solicitado. La motivación de la decisión tomada es, según Varela, que "la petición no reúne los requisitos objetivos para que se le conceda".Mateos había expresado al CGPJ que las movilizaciones y manifestaciones críticas contra su actuación procesal son "una intromisión intolerable en el normal ejercicio del: poder judicial que tengo atribuido", decía, y, por considerarse "inquietado y perturbado en la independencia inherente al desarrollo" de su función, había solicitado el amparo del órgano de gobierno de los jueces.

En cuanto a las peticiones realizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, en favor del juez Mateos, el portavoz del CGPJ declaró que tampoco tienen sentido, ya que, por el momento, la investigación del Servicio de Inspección al juez de Albacete está paralizada hasta que la Audiencia Provincial de Albacete resuelva los recursos interpuestos contra las actuaciones del juez Mateos.

"Persecución ideológica"

La secretaria del área de la Mujer de IU, Marisa Bergaz, criticó las diligencias judiciales y policiales contra una mujer y la clínica Iris, autorizada para practicar abortos, por estimar que "evidencian más una actuación motivada por persecución ideológica que por celo en el cumplimiento de la legislación vigente". En referencia a la información publicada ayer por este periódico, Bergaz reprochó la ligereza del juez y el policía por no indagar, antes de iniciar una investigación penal, sobre si la mujer que abortó se había acogido a alguno de los supuestos legales. Además, Bergaz expresó la necesidad de que los 81 expedientes -del total de 1.443 inicialmente requisados- que aún permanecen en poder del juez, sean "inmediatamente remitidos a la clínica Iris". La dirigente de IU manifestó su preocupación "por la vulneración del derecho a la propia intimidad y las posibles actuaciones que estos dos sujetos [el juez y el policia], puedan llevar a cabo con los 81 expedientes".

Por último, la secretaria de la Mujer de IU subrayó que es urgente reformar la actual legislación del aborto e introducir "una ley de plazos que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad", que evite quedar "a expensas de las actitudes individuales de algunos jueces y policías que, como en este caso, hacen una lectura interesada de la legislación vigente".

Por su parte, Diego López Garrido, secretario general de Nueva Izquierda, contestó ayer a las quejas vertidas por el juez Mateos contra su persona en el escrito al CGPJ en petición de amparo. Mateos se lamentaba de que López Garrido sostuviera "la posible existencia de un delito de prevaricación" [dictar resolución injusta a sabiendas] en su proceder, decía el juez, quien vinculaba tal actitud con "un clima intimidatorio y de presión evidente".

López Garrido replicó así: "Quien ha creado el clima abusivamente intimidatorio ha sido el juez Mateos con su actuación inquisitorial y desproporcionada. En lugar de la presunción de inocencia, ha partido de una presunción de culpabilidad. Ha convertido a la víctima de unas lesiones en una presunta culpable de aborto. Las fuerzas políticas están para controlar a los poderes públicos, incluido el judicial, que está sometido a la crítica de la opinión pública. Una persona que, como este juez, confunde esa función con ataques ofensivos no sabe lo que es una democracia".

Recurso pendiente

La Audiencia Provincial de Albacete tiene pendiente de resolución el recurso de queja interpuesto por la clínica Iris, que solicita que todo el proceso sea declarado nulo por la ilicitud de la detención de la mujer que había abortado sin previamente preguntarle si se había sometido a uno de los supuestos legales de interrupción del embarazo, así como por la resolución judicial que permitió requisar 1.443 historias clínicas sin suficiente motivación y vulnerando derechos fundamentales.La clínica Iris adjunta a la Audiencia de Albacete la historia clínica de la mujer, que muestra que se acogió al supuesto legal por grave peligro para la salud psíquica. Igualmente, remite la acreditación de la clínica Iris para practicar abortos y dos actas del Servicio de Inspección de la, Consejería de Sanidad, relativas a sendas inspecciones, la última de ellas el 28 de octubre de 1997, en las que se "constata la ausencia de cualquier irregularidad". Igual respuesta ha dado dicha consejería a las preguntas de los grupos de izquierda de las Cortes de Castilla-La Mancha.