La Junta de Castilla y León precinta cinco surtidores por irregularidades

La Junta de Castilla y León ha precintado temporalmente cinco surtidores de gasolina en la provincia de Burgos, que excedían el margen de tolerancia en más del 0,5%. El cierre se ha producido tras una inspección extraordinaria que la Consejería de Industria ha realizado en toda la comunidad autónoma durante los meses de febrero y marzo, a raíz de la denuncia formulada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre presuntos fraudes en el suministro de carburante.Durante la inspección se han sancionado en toda la comunidad autónoma 45 gasolineras, la mayor parte en la provincia de León, donde se han precintado 12 surtidores. Un total de 16 gasolineras han sido clausuradas en Castilla y León y Madrid a raíz de las denuncias de la OCU. Además, se han impuesto otras numerosas sanciones por irregularidades en surtidores y mangueras.

En el caso de Burgos, uno de los surtidores se encontraba en la capital burgalesa y cuatro más en diversos puntos de la provincia. Todos ellos sobrepasaban el límite del 0,5% de carburante, aunque sólo en un caso se llegaba a superar una merma del 1%.

Fuentes de la delegación territorial de la junta en Burgos han señalado que el número de irregularidades detectadas es muy similar al de los ejercicios anteriores. Las mismas fuentes consideraron que se trata de desviaciones no muy elevadas y que podrían obedecer a fallos involuntarios en los surtidores. Aunque el expediente sancionador ha establecido el cierre temporal de estas instalaciones, los propietarios pueden solicitar el desprecintado de los contadores para corregir los defectos y solicitar una segunda inspección a la Consejería.

Investigación y Villanueva

Por otra parte, el fiscal de Urbanismo y Consumo de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniain, ha pedido que la Policía Judicial compruebe la veracidad de las amenazas denunciadas por dos antiguos empleados del grupo Villanueva, identifique a los autores de las mismas y proponga las medidas de protección adecuadas. La Fiscalía ha formulado esta petición al juez Andrés Gutiérrez Gil, que investiga el presunto fraude.Los dos antiguos empleados de la estación de servicio de Majadahonda (Madrid), cerrada por orden judicial tras descubrirse un cableado irregular, comparecieron el pasado día 17 en el juzgado, donde denunciaron que habían sido objeto de amenazas y temían por su vida. Sus antiguos compañeros de trabajo dijeron que en la empresa corría el rumor de que habían sido ellos quienes denunciaron el presunto fraude, confirmado posteriormente por un estudio de la OCU.

Los dos ex empleados comparecerán esta tarde ante la Comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la supuesta estafa, consistente en suministrar menos combustible del que se paga.