El Tribunal de Cuentas destapa múltiples anomalías en 31 municipios
El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Asamblea de Madrid el informe final sobre su fiscalización de la gestión económica en 31 municipios de la región durante 1992.En todos los Ayuntamientos analizados se han descubierto irregularidades en la forma de dar cuenta de sus gastos (algunas localidades seguían aplicando criterios contables de la dictadura franquista, pese a que dichos criterios habían sido modificados en 1990) y en la carencia de documentos esenciales para poder enjuiciar la gestión ejecutada.
En el apartado de contratación, los auditores públicos han destapado obras adjudicadas sin concurso previo, errores en los proyectos que han costado decenas de millones de pesetas a los municipios sin que se hayan depurado las responsabilidades, créditos contratados con diversos bancos sin saber si eran los más baratos.
El Tribunal de Cuentas seleccionó para su estudio 66 contratos de 8 de los 31 municipios fiscalizados (Alcalá de Henares, Coslada, Fuenlabrada, Madrid, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz). La inmensa mayoría de los expedientes (44) correspondían a la capital.
Además, el informe remitido al Parlamento regional el pasado 23 de marzo también apunta errores en la contratación del resto de los municipios analizados. Un ejemplo del análisis fiscalizador del Tribunal de Cuentas corresponde a la localidad de Alcalá de Henares.
Este municipio refinanció un crédito por valor de 3.788 millones de pesetas que tenía contratado con el Banco de Crédito Local. Los auditores públicos entienden que el Ayuntamiento de Alcalá aceptó las condiciones económicas que le planteaba la entidad financiera con la que tenía contratado el crédito sin buscar ninguna otra oferta que hubiera podido resultar más barata, "infringiéndose el principio de publicidad".
PASA A LA PÁGINA 3
La auditoría descubre irregularidades en ocho contratos del Ayuntamiento de Madrid de 1992
VIENE DE LA PÁGINA 1 El Tribunal de Cuentas analizó 44 contratos del Ayuntamiento de Madrid durante 1.992, y en ocho contratos descubrió irregularidades. El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Profesional de Madrid ejecutó obras por 60 millones de pesetas en el Antiguo Asilo de Lavanderas sin que dicho inmueble fuera de su propiedad ni el Ayuntamiento lo hubiera adscrito al instituto, según denuncian los auditores públicos.
Para adjudicar dichas obras no se dio publicidad al pliego de condiciones, incumpliendo la normativa vigente y se hizo directamente sin que se justificase tal instrumentó de contratación. Antes de aprobarse el expediente de contratación de las obras y redactarse el pliego de condiciones se inicia el procedimiento de adjudicación.
En el Instituto Municipal de Deportes de Madrid, el Tribunal de Cuentas ha encontrado irregularidades en las obras de remodelación de las playas de verano (dos contratos, 100 millones). Se adjudicaron los trabajos sin que se aprobara el proyecto, sin informe de los servicios jurídicos e incumpliendo los plazos sin penalizar a la empresa constructora.
En la mayoría de los contratos de servicios del Ayuntamiento analizados (educación, saneamiento, limpieza ... ) los costes se han calculado mal, según el Tribunal de Cuentas.
El Centro Municipal de Informática también figura en la lista de anomalías de los auditores públicos (sustitución de equipos informáticos y asistencias técnicas). La compra de ordenadores por más de 300 millones de pesetas se llevó a cabo sin que la empresa que ganó el concurso acreditase que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias. El contrato para la adquisición de este material "se formalizó fuera de plazo" y los equipos fueron pagados por el Ayuntamiento "con una demora superior a tres meses", circunstancia que puede ser utilizada por el suministrador para reclamar intereses.
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