Compras, obras, créditos

El análisis del Tribunal de cuentas de la gestión municipal de 1992 destaca estas anomalías.Alcorcón. Gastó 45 millones de pesetas para amueblar el centro de formación profesional del polígono Urtinsa. Contrató directamente la compra el mobiliario con una empresa. El Tribunal de Cuentas estima que la Comisión de Gobierno, que adjudicó este contrato, infringió la Ley de Procedimiento Administrativo pues carecía de atribuciones suficientes para aprobar ese gasto.

Coslada. Este ayuntamiento gastó 160 millones en las obras de remodelación de las piscinas de Ciudad San Pablo. Dichos trabajos, según informe, "obedecen imprevisiones de los autores" del proyecto original de la instalación deportiva. Los auditores reprochan a los dirigentes municipales que no exigieran responsabilidades a dichos arquitectos. Esta obra se encareció un 29,68% respecto al presupuesto inicial.

Fuenlabrada. El informe ha encontrado iumerosas anomalías n el contrato de obras del Centro Institucional de Empresas e Fuenlabrada (271 millones). "Falta la aprobación del proyecto, el expediente no ha sido sometido a control interno ni informado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no se ha acreditado que el abono de acopio de materiales [pago por adelantado a la constructora] esté garantizado previamente mediante la prestación de un aval...", señalan los auditores. También encuentra reparos el informe en la venta, por 230 millones, de parcelas municipales a una empresa que "incumplió la forma de pago al contado consignada en su oferta".

Pozuelo de Alarcón. El préstamo de 1.100 millones de pesetas contratado con el Banco de Crédito Local no garantizó la existencia e otra entidad financiera más barata. "Se infringieron los principios de publicidad y concurrencia".

San Sebastián de los Reyes incurre en anomalías semejantes con dos créditos por 500 millones contratados con el BBV y con el Banco de Crédito Local.

Le ocurre lo mismo a Torrejón de Ardoz en un préstamo de 400 millones con la Caja de Cataluña.