El bienestar de Blair

CINCUENTA AÑOS después de su creación por Beveridge, al Estado de bienestar británico le ha llegado la hora de una profunda revisión de la mano del Gobierno de Blair. Nuevo laborismo, nuevo bienestar. En unos días, con su primer presupuesto completo y con la presentación del Libro Verde sobre la reforma del bienestar,el Ejecutivo laborista ha marcado con nitidez sus intenciones en materia de empleo y protección social: "Trabajo para el que puede; seguridad para el que no puede". Blair parte del hecho, incontestable, de que la desigualdad social creció espectacularmente en la era thatcherista; como consecuencia, la política de bienestar no ha podido dar los frutos esperados y es necesario reformarla: adecuarla a la nueva situación. El Reino Unido necesita una mayor política de bienestar, pero diferente.Las presentadas son unas propuestas generales que requieren desarrollarse durante casi dos décadas. Están abiertas a un debate en el que se pretende que participen los ciudadanos comunes, y no sólo los políticos: no son fácilmente clasificables, sino bastante complejas. En algunos casos se propone concentrar las ayuda sociales sólo en los más necesitados para luchar contra una exclusión que puede estar afectando a un 20% de la población; en otros no sólo se mantienen, sino que se amplían las cuantías de algunas prestaciones universales como la ayuda por hijo.

Con "medidas draconianas", la reforma pretende luchar contra un fraude en la seguridad social que calcula en 4.000 millones de libras (más de un billón de pesetas), especialmente en el terreno de la ayuda a la vivienda y la incapacidad laboral. En opinión del Gobierno, muchos cobran cuando no deberían; pero otros, que lo necesitarían más, ni siquiera lo piden.

De momento no hay recortes en el gasto social global, sino una cirugía sobre el fraude, verdadero cáncer del welfare en casi todas las sociedades europeas.

Los pilares fundamentales de la propuesta del nuevo laborismo son la ética del trabajo, para alentar a la gente a buscar empleo; la seguridad frente al riesgo; la complementariedad entre el Estado -"que no tiene el monopolio del bienestar"- y la iniciativa privada e individual; y la idea de que los derechos sociales deben completarse con deberes individuales como no defraudar impuestos, ahorrar para la jubilación u ocuparse de los hijos. Sugiere así la posibilidad de introducir, junto a la pensión pública, la obligatoriedad de un plan de pensión privado, aunque no explica de dónde sacarán los más necesitados los fondos necesarios para ello.

Ésta es una reforma que pone tanto énfasis en la calidad como en la cantidad de los servicios sociales. El Gobierno laborista pretende que se juzgue el cambio por los resultados, y para ello fija 25 criterios que van desde la reducción de los embarazos de menores de 16 años a la disminución del número de personas que duermen en la calle. Blair intenta establecer un nuevo contrato social. Un experimento que nos interesa a todos los europeos, no sólo a los británicos.