Ni compra de votos ni 'merienda de negros'

En el último Consejo de Ministros celebrado en 1997 quedó aprobado y listo para su envío al Parlamento (donde se halla actualmente en tramitación) el proyecto de ley de devolución del patrimonio incautado por motivos políticos a raíz de la guerra civil española de nuestro siglo. La aprobación de esta ley es una de las cláusulas del pacto en virtud del cual el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoya con sus votos al actual Gobierno en el Congreso de los Diputados. Dado que el PNV es una de las entidades que deben beneficiarse de la aplicación de esa ley, cuando el contenido de tal cláusula se dio a conocer, la operación revestía la nada edificante apariencia de una compra de votos, con la circunstancia agravante de que los votos de los parlamentarios peneuvistas iba a pagarlos el PP, no de su propio bolsillo, sino con cargo a la Hacienda pública, bolsillo de todos los españoles. Por eso se dieron enseguida aclaraciones diciendo que se trataba de una medida de equidad y, como tal, beneficiosa para todos los partidos injustamente perjudicados, así como para otras entidades expoliadas en su día por el imaginario delito de haber profesado ideas y/u observado conductas juzgadas perniciosas por los prepotentes expoliadores.

Pero ahora resulta que, según parece, el proyecto de ley prevé que se indemnice o devuelva únicamente a partidos políticos, menospreciando olímpica y cínicamente a las demás entidades perjudicadas. Y resulta igualmente que se excluyen de la justa restitución aquellos bienes que, aun perteneciendo de hecho a los partidos, figuraban en el registro como propiedad de terceros, lo que -¡oh casualidad!- parece ser el caso, principalmente, de los inmuebles pertenecientes al PSOE.

Por otra parte, desde que se cerró el pacto de 1996 entre el PNV y el PP, se viene insistiendo mucho en la importancia que para los peneuvistas tiene, dado su gran valor, la indemnización por (ya que sería dificilísima la recuperación de) la magnífica finca urbana señalada con el número 11 de la avenida Marceau, de París, actualmente sede del Instituto Cervantes en la capital francesa. Pues bien: pese a que se habla y se escribe sobre ese inmueble como si hubiese sido una pertenencia del PNV, la verdad es que lo fue de la región autónoma del País Vasco, constituida como tal durante nuestra guerra civil en virtud del Estatuto de Autonomía aprobado el 1 de octubre de 1936, y cuyo Gobierno (presidido siempre por peneuvistas, pero constituido también por miembros de otros partidos; y representante no del PNV, sino de la región autónoma compuesta por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), tuvo su sede en ese edificio hasta que, cumpliendo una sentencia judicial, el Gobierno francés, insistentemente presionado por el de España, se incautó de él y se lo entregó al Estado español el 28 de junio de 1951. Luego si a alguien debe devolverse esa finca, o indemnizarse por su incautación, no es al PNV, sino a la comunidad autónoma del País Vasco, legítima sucesora y heredera de la entidad expoliada.

Y las cosas no paran ahí. Porque ni la región autónoma ni el Gobierno que la representaba figuraban como dueños del inmueble de la avenida Marceau. Éste se hallaba inscrito en el registro a nombre de la sociedad Finances et Entreprises, constituida el 10 de febrero de 1939 (cuando nuestra guerra civil estaba terminando) y dotada de unos fondos que, en realidad, pertenecían al Gobierno autónomo vasco, el cual tenía una delegación en París, cuyo tesorero, Agustín Alberro (arrendatario del piso en que dicha sociedad quedó domiciliada), fue designado administrador de la naciente entidad. Tres días después, Finances et Entreprises adquirió el edificio de la avenida de Marceau, y el 18 de diciembre siguiente lo arrendó a la Ligue Internationale des Amis des Basques (asociación constituida en mayo de aquel año por un grupo de políticos, intelectuales y otros particulares partidarios de la causa simbolizada y encarnada en el Gobierno autónomo, entonces presidido por Aguirre). La Ligue puso inmediatamente el local a disposición del Gobierno vasco, que era su propietario real.

En 1940, la representación de España en Francia, con la colaboración de las fuerzas alemanas de ocupación, se incautó del inmueble (y de la sede de la sociedad Finances et Entreprises). En 1944, un grupo de vascos exiliados se apoderó de él en vísperas de la liberación de París, volviendo a ocuparlo el Gobierno autónomo vasco y también (en forma más simbólica que real) la entidad que figuraba como arrendataria, o sea, la Ligue. Entretanto, el Gobierno español había obtenido el secuestro de los bienes de Finances et Entreprises, todos los cuales (incluso el edificio de la avenida Marceau) fueron inscritos en el registro a nombre del Estado español en virtud de una sentencia del 21 de julio de 1943. Esta sentencia, dictada bajo la ocupación alemana, fue recurrida después de la liberación; pero el recurso fue desechado el 3 de abril de 1951. No sin resistirse y protestar, la Ligue, arrendataria nominal, hubo de evacuar el disputado inmueble. La Embajada de España instaló en él sus servicios culturales.

Las Cortes deberían modificar ahora el proyecto del Gobierno de modo que también sean devueltos los bienes que los partidos poseían por persona interpuesta, lo cual -según parece- permitiría al PSOE beneficiarse en justicia de la nueva ley. No obstante, y aunque así desaparecería la impresión de que se trata de una mera compra de votos, la operación podría con razón ser denunciada como una merienda de negros en la que los partidos políticos acapararían para sí las restituciones, excluyendo de ellas a todos los demás damnificados; lo cual redundaría probablemente en desprestigio del Parlamento y de los propios partidos. Importa, por ende, que no sean éstos los únicos beneficiarios de la ley. Lo que ya no se ve claramente es la martingala a que habría que recurrir para atribuirle al PNV la indemnización o la devolución correspondiente a un edificio que nunca fue suyo: el señalado en París con el número 11 de la avenida Marceau.