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El acuerdo por la estabilidad en el empleo firmado en julio se atasca por problemas legales

José Manuel Romero

Las principales medidas del acuerdo por la estabilidad en el empleo que firmaron en julio pasado los sindicatos y el Gobierno regional siguen en dique seco. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, aún no ha convocado la Oferta Pública de Empleo de 1998 para convertir las plazas interinas de la Comunidad en fijas y todavía queda por resolver una parte de las oposiciones de 1997. El instrumento pactado para fomentar los contratos indefinidos en las empresas privadas (premiar con un 20% más en los concursos a las ofertas que incluyan más empleo fijo) no se ha aplicado ni una vez. Beteta justificó este incumplimiento en varias directivas europeas y la Ley de Contratos del Estado que, según explico, impiden favorecer en los concursos a las empresas con más contratos indefinidos.

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El consejero de Hacienda aseguró en la Asamblea de Madrid que se había constituido la comísión técnica gobierno-sindicatos para estudiar el marco jurídico que salve los escollos legales para la aplicación del acuerdo.Las excusas sirvieron de poco a la oposición. El socialista Modesto Nolla criticó al Gobierno regional por firmar unos acuerdos sin conocer de antemano su legalidad. "Da la sensación de que el presidente regional suscribió el pacto sobre la estabilidad en el empleo con la única intención de hacerse la foto. El retraso que acumula ya el desarrollo del acuerdo con los sindicatos demuestra la incapacidad del PP para gestionar las distintas medidas a las que se comprornetió", denunció Nolla.

Beteta le recordó que algunas de las claúsulas del acuerdo se habían incluido en los presupuestos regionales de 1998 y otras, como la prohibición de contratar personal a las Empresas de Trabajo Temporal, ya se estaban aplicando. "Es voluntad clara de este Gobierno cumplir todos los acuerdos firmados con los sindicatos. Pero hay directivas europeas que no establecen entre los criterios objetivos para contratar con empresas las clausulas sociales [sobre ventajas para aquellas ofertas que incluyan más empleo indefinido en sus plantillas]".

Las explicaciones de Beteta sobre los obstáculos jurídicos que han encontrado para desarrollar uno de los principales capítulos del pacto tampoco convencen a los responsables de UGT y CC 00.

La lentitud del ejecutivo

Los sindicatos denuncian la lentitud del ejecutivo madrileño en la aplicación del acuerdo social. "Beteta utiliza una excusa para no aplicar el acuerdo sobre los criterios de preferencia en los concursos públicos a favor de las empresas con más contratos fijos", se queja Mamen Meriéndez, de UGT "Es perfectamente legal en un concurso público, donde se valoran tanto las ofertas económicas como la calidad de las empresas que las presentan. Si una sociedad plantea, además, el criterio de que va a utilizar a trabajadores fijos para hacer una determinada obra, es otro aspecto que garantiza la calidad en los trabajos y que se puede puntuar", remacha."El desarrollo del acuerdo va rnal", confiesa Gregorio Marchan (CC OO). "Hace 20 días tuvimos una reunión donde se avanzó algo y nadie nos dijo que era ¡legal premiar a las empresas que acudan a concursos públicos por sus contratos fijos", afirma. "Adernás", continúa, "entendemos que no existe ningún problema para fijar esa cláusula en los pliegos de condiciones".

CCOO cree que los argumentos usados por Beteta en su comparecencia ante los diputados regionales son "un capote para distraer el problema de la lentitud en el desarrollo del acuerdo sobre la estabilidad en el empleo". "No pasa por nuestra cabeza que el acuerdo para aumentar la estabilidad en el empleo de los madrileños se va ya a incumplir", concluye Marchan. El consejero de Economía, Luis Blázquez, se pone de parte de los sindicatos: "Sé que ese aspecto del pacto por la estabilidad en el empleo puede forzar algunas fronteras, pero quiero sacar un acuerdo de consejo de Gobierno que obligue a todas las consejerías a favorecer a las empresas con más trabajadores fijos en sus concursos públicos. Beteta puede tener razón en lo sustancial, pero siempre hay fórmulas que permiten proteger el bien mayor, que en este caso es la estabilidad en el empleo". En la región, según CC OO, había en diciembre pasado 1.504.500 asalariados de los que el 79%, (1.183.600) tienen contrato indefinido y los 320.400 restantes (21 %) son eventuales. Desde junio se han firmado 109.830 nuevos contratos indefinidos, según el Inem.

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