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Movilizaciones sindicales contra el intento de privatizar las autonómicas

Encierros de trabajadores en Telemadrid y Canal 9

Representantes sindicales de las televisiones autonómicas, que agrupan a 7.000 trabajadores, mantienen sendos encierros, en las sedes de Telemadrid y de Canal 9, para protestar contra el proyecto de ley que permitirá privatizar las cadenas autonómicas y que será debatido el próximo jueves en el Pleno del Congreso. Dicha norma, que posibilita que cada comunidad disponga de dos cadenas propias, multiplicará un sector con una deuda que ronda actualmente los 80.000 millones de pesetas.

Desde el pasado domingo, una veintena de representantes de las televisiones autonómicas mantienen un encierro en la sede de Telemadrid. Paralelamente, desde ayer, lunes, se produce una protesta similar en las instalaciones de Canal 9 en Valencia. Representantes sindicales de RTVE han manifestado su solidaridad con los encerrados, por entender que la posible venta de canales autonómicos abre el camino también a la privatización de toda o parte de la actual radio y televisión estatal.Los encierros concluirán hoy a las tres de la tarde, ya que los representantes de los trabajadores han convocado una concentración ante la sede del Congreso de los Diputados, en Madrid.

El proyecto de ley, aprobado a finales de diciembre por el Consejo de Ministros, se debatirá en el Pleno del Congreso del próximo jueves. La propuesta transfiere la titularidad del servicio televisivo desde el Estado a las comunidades autónomas y permite a éstas que opten por un modelo de gestión público, privado o mixto. Asimismo, supone la modificación del Estatuto de RTVE de 1980 y la derogación de la Ley del Tercer Canal de 1983. Con el proyecto de ley en tramitación, cada comunidad podrá contar con dos canales propios, siempre que lo permita el espectro radioeléctrico.

Los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia, presididos por Alberto Ruiz-Gallardón y Eduardo Zaplana, respectivamente, ambos del Partido Popular, ya han mostrado su intención de privatizar Telemadrid y Canal 9.

En Madrid, los trabajadores se reunieron en la tarde de ayer en asamblea, tras la cual Comisiones Obreras difundió un comunicado en el que asegura que durante dicha reunión los representantes sindicales acusaron al PP "de haber invertido durante su gestión más de 12.000 millones de pesetas en Telemadrid, con el objetivo de hacer tentadora su compra por el mejor postor". Asimismo, reprocharon a los partidos nacionalistas "su apoyo al PP en una medida que implica la privatización de Telemadrid, mientras no se cuestionan la titularidad pública de los medios de comunicación en las autonomías que gobiernan". UGT también difundió su protesta contra la ley en trámite.

Sin ahorro público

En Valencia, los representantes sindicales de los trabajadores aseguraron que la privatización de Canal 9 no supondrá ningún "ahorro de dinero público" y beneficiará a determinados grupos empresariales, informa Ferran Bono. Basaron su argumentación en algunos ejemplos de producción externa ya efectuados por la dirección de la cadena valenciana.En concreto se refirieron al programa infantil Babalá, cuyo coste de producción se ha triplicado desde que en 1997 pasó de ser producción propia a realizarlo Astel. Esta productora privada valenciana de reciente creación fue constituida por Vicent Andreu y Francisco Aura, dos ex directivos de Canal 9 y hombres de confianza del anterior director de la cadena, Jesús Sánchez Carrascosa. En este sentido, el comité de empresa denunció que un grupo empresarial audiovisual vinculado a Sánchez Carrascosa y al diario Las Provincias está interesado en la privatización de Canal 9, si bien apuntaron a Telefónica como otra candidata a adquirir la cadena valenciana.

Además, el comité de empresa lamentó el hecho de que mientras en Europa "la tendencia es reforzar la presencia de cadenas públicas de ámbito local, regional o autonómico con una programación de interés público, en España el Gobierno de José María Aznar quiere privatizarlas". El comité también protestó porque la dirección no permitió ayer la entrada de los informadores a la conferencia de prensa que convocó.

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