Autonomías: lo pequeño no siempre es hermoso

El reciente reparto por el Gobierno de Galicia de más de cuarenta nuevas emisoras de radio en frecuencia modulada, con su ostentosa arbitrariedad y su carencia de toda razón regional, cultural o económica, tiene una trascendencia mucho mayor de la que parece encerrar directamente y no puede ser despachada simplemente en términos de "tipismo" personal o regional.Resultaría demasiado fácil, en ese sentido, rememorar el acrisolado historial autocrático de Fraga en su prolongada relación con los medios de comunicación, o asociar la tradición caciquil de la derecha gallega a la excesiva reiteración de noticias sobre la manipulación extrema de los medios públicos, o sobre el férreo control político ejercido sobre la mayoría de los medios privados.

El caso gallego no es, en efecto, más que el inicio de un proceso de distribución por los Gobiernos autónomos de más de tres centenares de nuevas emisoras de radio en FM que el Gobierno de Aznar puso en marcha. Un fuerte crecimiento de las emisoras comerciales existentes, que los expertos coinciden en considerar inexplicable en un sector ya sobredimensionado y de limitado mercado publicitario, donde muchas empresas han sufrido pérdidas notables, y que a duras penas comenzaba a encontrar su equilibrio desde 1996. Pero también un procedimiento original español: frente a la transparencia y objetivación de la tradición estadounidense de las audiencias abiertas o del sistema europeo de las concesiones por consejos del audiovisual, un reparto de licencias puramente político, que el franquismo inauguró y que el último Gobierno de UCD, bajo la presidencia de Calvo Sotelo, continuó en 1981-1982 en uno de sus episodios más oscuros y vergonzantes.

El ejemplo gallego prefigura así probables líneas generales en la mayoría de las regiones: no sólo el amiguismo sistemático político-radiofónico con las empresas más fieles, como la Cope, sino también la creación de lo que ya se han dado en llamar la cuarta cadena, una red radiofónica privada de nueva planta vinculada estrechamente al Gobierno de Aznar, como suplementario blindaje de su partido frente a vicisitudes electorales adversas en un medio que consigue reunir a casi 20 millones de oyentes cada día.

Los sucesos gallegos tienen otra lectura más trascendental aún, la que enlaza el proceso de las autonomías en España, en muchas ocasiones, con claros retrocesos en el orden del pluralismo del espacio público. De esta forma, se amontonan en los últimos años las noticias sobre Gobiernos regionales que reparten ayudas directas o indirectas a la prensa con lógicas puramente partidistas, sin leyes ni regulación alguna, que administran arbitrariamente su publicidad entre las empresas políticamente enemigas, que utilizan la radio y la televisión regionales como aparatos a su servicio. A esto y a las licencias de radió, pueden añadirse las concesiones en curso de demarcaciones del cable, teñidas con harta frecuencia de sospecha política.

Prácticas de clientelismo furibundo en suma, que resultarían escandalosas e insoportables a nivel estatal, pero que se prodigan en muchas autonomías y que, aunque no resulten ni mucho menos exclusivas de la comunicación, alcanzan en este terreno una gravedad particular y una perversión multiplicada. Pero esos fenómenos que se dieron repetidamente en el País Vasco, aunque también en Cataluña y en algunas regiones de gobierno socialista, alcanzan ahora una dimensión insólita y sistemática en las regiones gobernadas por el PP, en Galicia, Valencia, Castilla y León..., regiones en donde la tentación autoritaria del Gobierno central aparece más desnuda e indisimulada que nunca.

El fenómeno tiene en todo caso una repercusión que va más allá de las reglas del juego democrático de la lucha política, para afectar de lleno a ese reto de las autonomías ante el proceso de construcción europea que hace unos días Marlo Onaindía señalaba con toda, razón en estas mismas páginas. Porque uno de los terrenos estratégicos de esa misión, el más decisivo con seguridad a medio y largo plazo, es justamente el de la construcción de una estrategia regional e interregional capaz de integrar los medios de comunicación y de comunicaciones clásicos y las nuevas redes y servicios en un proyecto de futuro hacia la sociedad de la información. Pero ese envite -abordado apenas por algunas regiones españolas- pasa necesariamente por una planificación de las necesidades e intereses culturales y económicos en el ámbito de la información, por una coordinación de los recursos públicos y privados y, naturalmente, por la preservación de un espacio público regional abierto, tolerante y plural. Condiciones que difícilmente podrían casar con esas actuaciones instrumentales que ven la comunicación únicamente como arma de control y poder. Unas concepciones miopes que muestran además que descentralización no rima siempre, desgraciadamente, con democracia, ni regionalización con participación. 0, dicho de otra fórma, que lo pequeño no siempre es hermoso.

Los partidos y parlamentarios de la oposición de cualquier signo, en todas y cada una de las comunidades autónomas españolas -incluido el Partido Popular allá donde no gobierna-, deberían plantear en estos asuntos una batalla fundamental, con conciencia plena de los envites políticos y culturales, pero también económicos en juego. Y los profesionales de la comunicación y los intelectuales deberían acompañarles en una tarea crítica vital, aun a sabiendas de que la cercanía hace esas resistencias más arriesgadas y, a veces, casi heroicas.