El colegio de médicos se desentiende de la clínica abortista intervenida en Albacete

El colegio de médicos de Albacete ha decidido no emprender ninguna acción en defensa de la clínica abortista Iris, cuyo personal se vio obligado por orden judicial a vulnerar el derecho a la confidencialidad de 1.442 pacientes, cuyos historiales fueron entregados a la policía. Por el contrario, partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones de mujeres de Castilla-La Mancha apoyan sin fisuras a los médicos de Iris y se personarán en el juicio. El juez ha devuelto ya la mayor parte de los historiales, pero retiene 81 relacionados con abortos en los que ha apreciado irregularidades.

Albacete tiene 144.000 habitantes y una única clínica que realiza interrupciones voluntarias del embarazo: la clínica Iris, un centro privado que dispone de acreditación de la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha y está integrada en la Asociación de Clínicas Abortistas. A pesar de la acreditación, sus tres médicos se vieron obligados a vulnerar, los días 1 y 2 de este mes, el derecho a la confidencialidad de sus pacientes -recogido en el artículo 10.3 de la Ley General de Sanidad-, por orden del juez Manuel Mateos, quien autorizó el registro del local por parte de la policía judicial y la intervención de los expedientes de abortos.Pero el colegio de médicos no va a emprender ninguna acción. Su presidente, Andrés de la Calzada, no quiere obstaculizar la investigación judicial, cuyo sumario está declarado secreto. Lo único que ha hecho es abrir "un expediente informativo" para el que aún no hay fecha de finalización. Los asesores jurídicos del colegio le han recomendado que no haga declaraciones hasta que el asunto se resuelva.

Entre los médicos de Albacete se observa una actitud similar a la del presidente del colegio, como pudo comprobar este periódico. No quieren comentar el caso. Uno de los que sí se pronunció, el doctor Ángel Atienza, de la Clínica Virgen de los Llanos, asegura que se habrían opuesto a la actuación de la policía porque "vulnera la confidencialidad".

Amenaza de cárcel

A los responsables de Iris no les preocupa la actitud del colegio profesional. Tienen encima un proceso penal -"hablamos de penas de cárcel y de inhabilitación", afirma Cecilia Laigret, uno de los dos abogados de CC OO que les representa -que amenaza con cerrarles las puertas. Lo único que quieren es recuperar los expedientes incautados y "restablecer la relación de confianza con los pacientes". De los 1.442 historiales que se llevó la policía, 81 permanecen todavía en poder del juzgado. El juez ha advertido irregularidades en ellos.La clínica permanece abierta y ha recibido numerosas muestras de apoyo. De los partidos progresistas -PSOE, Izquierda Unida y Nueva Izquierda-; de los sindicatos y de las asociaciones de mujeres, de Castilla-La Mancha y del resto de España.

Todos ellos, que han constituido una plataforma de apoyo a la clínica Iris, consideran que la actuación del juez Mateos -miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y con reputación de severo y estricto entre el personal de los juzgados- se ha convertido en una "causa general contra el aborto". Por eso van a personarse en la causa y piensan en Diego López Garrido, Cristina Almeida o Pablo Castellano para que les represente.

"Si hubiera sido un caso de apendicitis, el juez no habría actuado de la misma forma", se lamenta Eduardo Pin, director de la clínica. Y en eso coinciden las 80 clínicas privadas que realizan abortos en España. Lo cierto es que el magistrado se decidió a actuar a partir de una simple sospecha: un médico de la clínica Nuestra Señora del Rosario remitió al juzgado un parte de lesiones después de atender a una mujer que se había sometido a un aborto en Iris.

A partir de ahí los hechos se complicaron. El juez no sólo autorizó la incautación del historial de la mujer, sino que permitió a la policía judicial registrar la clínica y, llevarse los expedientes de abortos. La policía, sin embargo, los requisó todos. Los abogados de la clínica ya han presentado un recurso contra esta decisión y están a la espera de que se les devuelvan los 81 expedientes que retiene el juez.

Pero el juez Mateos no está sólo. Ha recibido la solidaridad de la Junta de Jueces de Albacete y de las asociaciones que agrupan a los magistrados. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como la asociación Jueces para la Democracia creen que la polémica es artificial y que hay que buscar sus causas en la ley y no en el poder judicial. Pero el propio Consejo General del Poder Judicial ha abierto "diligencias informativas" sobre la actuación del juez Mateos.

La ley del aborto, aprobada en 1985, autoriza la interrupción voluntaria del embarazo sólo en tres supuestos. Esta legislación provoca, en opinión de Eduardo Pin, la inseguridad jurídica de los médicos que realizan abortos.

Al margen de esta polémica, las actuaciones políticas continuan. Los representantes de la plataforma de apoyo a la clínica Iris se reúnen mañana con la concejala de la mujer, Rosa Zafrilla, del PP, y el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia urgente de los ministros de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, y Justicia, Margarita Mariscal de Gante, para que expliquen en el Congreso qué medidas han tomado para garantizar la confidencialidad de los expedientes.