El Gobierno aprueba un cupo de 28.000 inmigrantes, que las ONG ven "insuficiente"

El Consejo de Ministros, aprobó ayer la concesión para 1998 de 28.000 permisos de residencia y trabajo temporal para inmigrantes, un 13% más que en 1997 y una cuota que las ONG ven "insuficiente. El Gobierno autorizó también la acogida en España de 20 desplazados cubanos de la base naval de Guantánamo, tras haber huído de su país. La medida coincide con la especial tensión en las relaciones hispano-cubanas. El presidente José María Aznar dió a entender esta semana que el viaje del Rey a la isla se demorará; "Irá cuando toque" dijo, esto es, cuando haya embajador español. El portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, insistió en que si no hay es porque "el régimen cubano no ha querido".

El Gobierno aprobó la concesión para 1998 de 28.000 permisos de residencia y trabajo temporal para inmigrantes, 3.300 más (un 13%) que en 1997. Rodríguez explicó que de los 28.000 permisos, 16.000 corresponden al sector servicios, 9.000 a ganadería, 1.000 a construcción y 914 a otros sectores.Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) calificaron de "insuficiente" el cupo establecido, pero admitieron su incremento respecto a años anteriores. En 1997, el Gobierno situó el cupo en 24.690 permisos de trabajo. "Todo aquel que trabaja en España en una situación legal irregular y manifiesta cierto arraigo debe ser reconocido por las autoridades y regularizarse su situación", manifestó ayer Manuel Herrera, responsable del Programa de Inmigrantes de Cáritas. El secretariado de Migraciones de CCOO también considera insuficiente el cupo y critica la distribución sectorial.

Mientras, el acuerdo para la acogida de 20 cubanos de Guantánamo tiene su origen, según el portavoz del Gobierno, en una petición formulada por el embajador estadounidense en la que explicaba que desde mayo de 1995 los cubanos interceptados en alta mar o que entran en la base de Guantánamo ya no son admitidos en Estados Unidos. Son devueltos a Cuba si no existe riesgo fundado de persecución contra los mismos o, si ésta existe, se les busca un tercer país de reasentamiento, fundamentalmente de Iberoamérica.

España ya acogió a 110 cubanos en 1994, si bien se trataba de personas que tenían familiares españoles. Esta circunstancia no se da en los 20 cubanos de Guantánamo.

El portavoz aseguró que los cubanos acogidos gozarán, durante su estancia en España, de la protección y asistencia prevista para los desplazados en el Reglamento de aplicación de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo. Esta protección incluye el derecho a obtener permiso de residencia, a no ser devueltos' a su país de origen y a beneficiarse de los programas de acogida e integración para los refugiados.

El Gobierno concedió además el indulto a 22 insumisos que lo habían solicitado y no estaban encarcelados. Esta cifra se une a la de otros 14 indultados en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El portavoz del Gobierno ya adelantó la semana pasada que el Ejecutivo estudiaba medidas legales para indultar a todo el colectivo de insumisos y conseguir la salida de la cárcel de los 70 que aún están en prisión.

Acuerdos. El Gobierno aprobó el nuevo Programa Nacional de, Formación Profesional para 1998-2002. Además, el Ministerio de Fomento podrá contratar varias obras con el ,sistema de abono total del precio (modelo alemán), ya que él Consejo decidió destinar a ellas 111.000 millones de pesetas. De esta cantidad, la mayor parte, más de 18.000 millones, se dedicará a la construcción de uno de los tramos de la Autovía Cervera- Igualada.

Otros 10.000 millones de pesetas se destinarán a los Fondos de Promoción de Empleo, para subvencionar a los sectores de reconversión y reindustrialización. Cerca de 6.000 trabajadores, entre 60 y 65 años, se verán favorecidos por esta subvención que les permitirá cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social para acceder a la pensión de jubilación.

Igualmente se aprobaron los traspasos a Cataluña en materias de tráfico, educación y conservación de la naturaleza. Estos servicios, que ahora asume la Generalitat, tienen un coste de casi 1.000 millones de pesetas. Respecto al tráfico, se traspasan las competencias de vigilancia y control, denuncia y sanción de las infracciones.