El juez pide que Tomey acredite en cinco días la deuda de 3.500 millones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara ha requerido al secretario de la Diputación provincial, Jaime Iborra, y al interventor, Luis Miguel Martín, para que presenten en el plazo de cinco días copia de los documentos que justifiquen la presunta deuda de 3.500 millones de pesetas que aparece reflejada en los presupuestos de esa corporación. La iniciativa del juzgado se debe a una reciente providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que desea conocer quiénes son los supuestos deudores de la Diputación.La fiscalía investiga la posible ocultación de un déficit por esa cantidad en la corporación que preside el senador popular Francisco Tomey. A este último se le acusa de un delito de falsedad en documento público como responsable de la integración "ficticia" de esa cantidad en las liquidaciones de los presupuestos de 1991 a 1996.

El Tribunal Supremo estudia investigar a Tomey para comprobar, además, si existió 9 no malversación. Para María Angeles García, fiscal jefe de Guadalajara, el supuesto maquillaje contable se hizo con deudas inexistentes, alteraciones pertinaces y "apuntes contables mendaces". Por su parte, el Tribunal de Cuentas iniciará próximamente una fiscalización especial sobre las cuentas de esa corporación.

El Juzgado ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que su providencia se ha cumplimentado y a partir de ahora comienza a correr el plazo para que ambos funcionarios presenten la documentación. Ninguno de los dos ha contestado a las llamadas de este periódico.

Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y los magistrados Raquel Iranzo y Jaime Lozano pedían en su providencia que en el citado plazo se aporte la identificación de aquellos deudores "que aparecen en las listas de los acreedores y deudores, a fecha 31-12-96, que se remitió a este tribunal en fase de prueba, bajo la identificación genérica de varios deudores".

El tribunal señala que en el denominado "listado informático de los movimientos contables del mayor de conceptos del presupuesto de ingresos" que se le remitió tampoco aparecen identificados esos supuestos deudores. Por ello exige que el secretario y el interventor diga quiénes son y pide "copia de los documentos que sirvan de justificante de las deudas mencionadas".

En el supuesto de que los dos funcionarios no entreguen esos soportes documentales, los tres magistrados les piden que "certifiquen, bajo la fe del secretario, que tal relación no resulta posible por ausencia de datos precisos y que los documentos justificativos antes mencionados no existen en los archivos o expedientes provinciales".