El fiscal recurre la concesión del régimen abierto a Navarro y Olivero

El fiscal ha recurrido el régimen abierto que Carlos Navarro y Luis Oliveró, condenados a 11 y 10 años de cárcel respectivamente en el caso Filesa (financiación ilegal del PSOE), disfrutan desde el pasado jueves por decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat. El ministerio público argumenta, entre otros aspectos, el escaso tiempo de cumplimiento de las penas, ya que ambos entraron en la cárcel hace 100 días.

Tanto Carlos Navarro como Luis Oliveró salen de la cárcel cada mañana para regresar por la noche. El fiscal se ha opuesto a esta situación en un recurso presentado ante el juez de vigilancia penitenciaria y, subsidiariamente, ante la Audiencia de Barcelona. Fuentes judiciales indicaron que, si bien el reglamento penitenciario posibilita a la Administración conceder el régimen abierto aunque no se haya cumplido la cuarta parte de la condena, no es nada frecuente otorgar esa clasificación de forma inmediata cuando se trata de penas largas.El fiscal rebate algunas de las argumentaciones de la Administración para la concesión del régimen abierto como, por ejemplo, que los acusados no actuaron con ánimo de lucro, sino con la intención de beneficiar a un partido político, el PSOE. En este punto subraya que esa cuestión no tiene ninguna importancia a la hora de decidir sobre cuál es la clasificación penitenciaria.

El ministerio público recuerda a la Administración que no puede hacer valoraciones jurídicas de las sentencias como la que supone, según él, decir que los acusados no tuvieron oportunidad de defender su inocencia a través de una segunda instancia.

Reacciones

El PP e Izquierda Unida reaccionaron con "sorpresa" crítica a la concesión del beneficio a Navarro y Oliveró mientras que los socialistas expresaron su " satisfacción" por la decisión de la Administración.El pasado domingo, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, contestó a unos y otros. A los populares les recomendó que se mantengan callados y calificó de "poco serias" sus críticas. A los socialistas les echó en cara que ahora se muestren satisfechos cuando hace unas semanas criticaron que se concediera el tercer grado a un industrial catalán condenado, por un delito ecológico.

Ayer fue Esquerra Republicana la que terció en la polémica. Su portavoz, Joan Ridao, negó "autoridad moral" a Pujol para reclamar el silencio de nadie y le espetó que se muestre prudente porque precisamente su partido, Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC), se vio envuelto en un asunto de financiación ilegal, el caso Casinos.

A su vez, Josep Antoni Duran Lleida, a cuyo partido, Unió, pertenece la consejera de justicia de la Generalitat, salió en defensa de la actuación de ese departamento: "Jurídicamente, la decisión es irreprochable", afirmó. Duran recordó que la determinación corresponde a la Junta de evaluación de la prisión.