Andalucía, un sólido activo ante la UEM

Es algo tan indiscutible como cierto que, en el año decisivo para el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria (UEM), hemos conseguido situar los indicadores económicos a nivel nacional en una posición favorable ante la nueva etapa con la que culminará el proceso de unificación europea.Hemos. En plural, no mayestático. Porque es innegable que este hecho deriva, fundamentalmente, de cómo han evolucionado las distintas variables económicas en las diferentes comunidades autónomas, tanto en términos reales como nominales. Y porque hay que tener presente que el comportamiento de estas variables en las comunidades con mayor dimensión económica y social, como es Andalucía, ha podido suponer un impulso o un lastre para el resultado final del ejercicio.

Ambas razones justifican, por sí mismas, el interés de profundizar en el análisis de esta cuestión, ya que, a ciencia cierta, el balance que presenta la economía andaluza ha supuesto una notable contribución a la integración de España en la Europa de la moneda única.

Concretamente, y al margen de revelar el continuo avance de Andalucía en la reducción de diferenciales respecto a las economías de su entorno, el incremento del valor añadido bruto (VAB), registrado en Andalucía durante 1997 (en torno al 4%), implica una aportación del 16% al crecimiento económico nacional (3,4%), esto es, tres puntos por encima del peso de esta comunidad en el VAB español.

Este impulso, de la actividad productiva andaluza, se ha traducido, según datos de la encuesta de población activa, en la creación de casi 60.000 nuevos empleos en la comunidad autónoma, que supone, con relación a la ocupación existente en 1996, un incremento del 3,2%. Con ello, Andalucía, que representa el 14,7% de la población ocupada española, ha contribuido en un punto por encima de esta tasa, es decir, en un 15,7%, al crecimiento del empleo a escala nacional durante 1997 (3%). Este positivo comportamiento de la economía andaluza durante 1997 se ha expresado, también, en términos de estabilidad nominal. En este sentido, cabe poner de manifiesto dos aspectos importantes.

Por un lado, la intensa contención del ritmo de crecimiento de los precios constatada en Andalucía, que ha situado la tasa de inflación regional, al mes de diciembre, en el 1,6% interanual. La reducción de cuatro décimas sobre el IPC nacional (2%), unida a la dimensión de esta comunidad autónoma, refleja la verdadera magnitud del esfuerzo llevado a cabo en relación con los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht.

Y, por otro lado, el cumplimiento, con creces, del acuerdo sobre déficit contraído entre el Gobierno central y la comunidad autónoma para 1997, que ha sido de 7.652 millones de pesetas. Así, Andalucía, que tiene un presupuesto de más de dos billones de pesetas, se ha situado en una posición de equilibrio presupuestario.

Dicho en otras palabras, la positiva gestión realizada por el Gobierno andaluz, en su política de ingresos (fiscal y financiera), ha permitido que el déficit de la comunidad se haya reducido, a finales de 1997, en un 83% sobre lo acordado, y ha colaborado activamente a la reducción del 15,4% que se ha llevado a cabo a escala nacional (al pasar del 3% al 2,6%). Para situar, en sus justos términos, el alcance de esta aportación hay que tener en cuenta que, dentro del Escenario de Consolidación Presupuestaria, a esta comunidad autónoma le corresponde, sobre el conjunto del Estado, un 1,73% del cumplimiento del objetivo del déficit. Pues bien, Andalucía ha contribuido a la consecución de dicho objetivo de una manera más que proporcional, ya que lo ha hecho en un 11,35% -es decir, más de seis veces lo acordado en el Escenario-, ya que de los 315.000 millones de pesetas en que el país ha reducido el déficit público, 35.750 millones proceden de Andalucía. Debe tenerse presente, asimismo, que la responsabilidad de esta comunidad respecto al objetivo del déficit es de un 40%, en relación a las comunidades autónomas del artículo 151, y de un 26% respecto a todas las autonomías. En suma, estos diferenciales cuantitativos que presentan las variables económicas en Andalucía, amén de expresar el esfuerzo realizado, la definen como un sólido activo de la Unión Económica y Monetaria, a la vez que la significan como una comunidad que ha contribuido claramente, y, por tanto, ha hecho posible la participación de España en la zona del euro. Pero Andalucía se caracteriza, además, por otros aspectos cualitativos de singular importancia, que son, en definitiva, el reflejo de la política seguida por el Gobierno andaluz, en la que el objetivo primordial, más allá del cumplimiento per se de los criterios de Maastricht, es avanzar en el desarrollo de la comunidad autónoma, con el consenso como vía y el bienestar social como fin último.

En otras palabras, se trata de trasladar, a la sociedad andaluza, los efectos de la bonanza económica y de la estabilidad nominal. El crecimiento económico, fruto del esfuerzo de todos, debe reflejarse en el binomio empleo-bienestar social, que alcance a todos y cada uno de los andaluces, en la medida de sus necesidades. De ahí que, para el Gobierno andaluz, sean prioritarias las cuestiones que afectan a este binomio, como cubrir -no recortar- el gasto farmacéutico, y exigir, al Gobierno central, los recursos suficientes para financiar los servicios transferidos, como es la educación, de acuerdo con la población real de la comunidad autónoma, la misma que, responsable, y más que proporcionalmente, ha contribuido a que el acceso de España a la UEM se haga realidad.

Magdalena Álvarez Arza es consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.