Un consejero valenciano del PP, investigado por delito fiscal

Luis Fernando Cartagena (PP), consejero de Obras Públicas del Gobierno valenciano, arrastra desde 1992 un complejo proceso derivado de un presunto delito fiscal.

El caso ha sido trasladado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el único competente para juzgar a un miembro del Gobierno autonómico. El juez José Flors instruye la causa y, hasta la fecha, ha pedido a las partes que se ratifiquen en sus declaraciones previas, pero todavía no ha acusado formalmente al consejero de Obras Públicas del Gobierno que preside Eduardo Zaplana.

Cartagena, alcalde de Orihuela (Alicante), en la Vega Baja, uno de los municipios mas extensos del territorio valenciano, y, a la sazón, diputado nacional por Alicante resultó implicado como presunto titular de nueve cesiones de crédito de nuda propiedad por valor de unos 375 millones de pesetas.

El presunto delito deriva de la ausencia de declaración de los beneficios obtenidos a partir de unos depósitos que eran fiscalmente opacos gracias a un. resquicio en la legislación que fue utilizado por el Banco Santander para servir a algunos de sus clientes.

Él sostiene que nunca fue titular de ningún depósito fiscalmente opaco y, por lo tanto, que nunca ha tenido que presentar declaraciones complementarias ante Hacienda.

En sus comparecencias ante las Cortes valencianas para explicar el caso siempre ha sostenido su inocencia. En cualquier caso, sostiene que el supuesto delito sería fruto de un asunto particular, sin ninguna relación con el PP ni con su condición de cargo público.