La izquierda se opone a "trasladar al Código Penal la moral sexual del PP"

Elevar a los 15 años la edad -hoy fijada en 12 años- a partir de la cual los menores tienen capacidad para consentir las relaciones sexuales; y castigar con penas de cárcel al mayor de 18 años que mantenga relaciones sexuales con jóvenes de entre 13 y 15 años son algunos de los preceptos que han provocado el rechazo del PSOE al proyecto de ley que pretende reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales. PSOE, Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya defenderán hoy en el Congreso sus enmiendas a la totalidad por creer que el PP pretende "trasladar su moral sexual a la ley". El Gobierno cuenta con el apoyo nacionalista.

El PSOE defenderá una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto gubernamental. El rechazo total al proyecto de ley lo fundamenta en que la reforma pretende regresar a "proteger una determinada moral sexual", la del PP, frente al vigente Código Penal que, en esta materia, "aspira, exclusivamente, a garantizar la libertad en el ejercicio de la sexualidad, con absoluta independencia de las diferentes opiniones sobre cuáles sean los comportamientos libremente asumibles por cada uno".Los socialistas advierten que el Derecho penal no puede cumplir funciones de prevención o educación social y critica el intento del PP de "utilizar los tipos penales como entidades simbólicas cuyo objeto es calmar la alarma social y tranquilizar la conciencia de un legislador virtuoso". Según María Teresa Fernández de la Vega, diputada socialista y ex viceministra de Justicia, el PSOE se opone a "resucitar la vieja idea de proteger la honestidad en lugar de la libertad sexual"

Sin embargo, admite una modificación más moderada, que es la que figura en el texto alternativo socialista. Esencialmente, se admitirían las penas de cárcel para los abusos sexuales (castigados con multas), se aclararía más la penalización de la venta y difusión de pornografía entre menores y se elevaría la prescripción de los delitos para que las víctimas pudieran denunciarlos al alcanzar la mayoría de edad. Fernández de la Vega señala que, "frente a la obsesión sexual del PP, proponemos que tal ampliación del tiempo de denuncia se extienda a otros delitos como los malos tratos a los menores".

Otra enmienda a la totalidad del proyecto de ley es la de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya, por entender, según la diputada Cristina Almeida, que pretende "recuperar la protección de una moral sexual anticuada". Almeida aseguró que los ciudadanos "no quieren que se les imponga un comportamiento moral". Critica la resurrección del delito de corrupción de menores, regulado de forma vaga y que deja en manos de los jueces establecer qué relaciones son "precoces o cuáles pueden afectar a la formación de los menores".

Enmiendas de IU

Izquierda Unida no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, pero es probable que vote en favor de las defendidas por la izquierda, ya que sus enmiendas parciales van en el mismo sentido protector de la libertad sexual. En cambio, los nacionalistas (CiU, PNV y CC) votarán contra de las enmiendas a la totalidad, si bien tratan de suavizar los excesos del proyecto. El PP se ha unido a algunas de las 17 enmiendas de CiU para rebajar a 13 años la edad apta para que las relaciones sexuales sean consentidas. Los grupos de izquierda objetan el proyecto de ley según análisis, entre otros, de los catedráticos de Derecho Penal Mercedes García Arán y José Luis Díez Ripollés.Besos caros. Díez Ripollés explica que, a la vista de la penalización de las relaciones sexuales jóvenes de 13 y 14 años con jóvenes mayores de 18 años, "a pesar de contar con el pleno consentimiento de la novia de 14 años, que con frecuencia se tratará de alguien perteneciente a su círculo escolar o de amistades, el novio de 19 años que besa o acaricia a su primera novia se arriesga a una pena de prisión de dos a cuatro años; si lo que hace es tener acceso carnal con ella, la pena mínima será de seis años, pudiendo llegar hasta 12".

Prostitución. El mismo penalista se asombra de que el proyecto de ley "no se limita a reintroducir el castigo de aquellas personas que, con ánimo de lucro, ofrecen la infraestructura necesaria para el ejercicio por terceras personas de la prostitución, los proxenetas, sino que extiende la persecución penal, de un modo apenas conocido hasta ahora en nuestro derecho, a cualesquiera personas que, aún sin ánimo de lucro, meramente favorezcan o faciliten la prostitución de adultos que la ejerzan voluntariamente". Una reciente sentencia del Supremo absolvió a los clientes de un prostíbulo, pese a tener relaciones sexuales con menores prostituidas.

Corrupción de menores. El nuevo delito de corrupción de menores: "actos encaminados a iniciar o mantener a los menores o incapaces en una vida sexual precoz o prematura, así como los actos de naturaleza sexual cuya intensidad, persistencia o continuidad puedan alterar el proceso normal de formación o desarrollo de la personalidad de aquellos". Díez Ripollés ironiza sobre "atribuir a la justicia penal la competencia para decidir qué es vida sexual precoz o qué experiencias sexuales afectan a la personalidad de personas hasta los 18 años de edad".