El Gobierno se propone reducir el déficit al 1% del PIB en cuatro años sin recortar gasto social

Si la economía española mantiene un ritmo de crecimiento superior al 3% en los próximos cuatro años, el propósito del Gobierno es reducir el déficit de todas las Administraciones públicas, desde el 2,8% del PIB estimado para 1997 hasta el 1% en el 2001. La cantidad superaría el billón de pesetas, cifra que se considera posible sin necesidad de recortar prestaciones sociales sólo con que el gasto público mantenga crecimento inferior al de la economía. Este escenario supone ir más allá de lo exigido por el Pacto de Estabilidad para después del euro y debe permitir una reforma del impuesto sobre la renta que baje la presión fiscal cuatro décimas del PIB, unos 350.000 millones de pesetas en dos años.

Fuentes del Ministerio de Economía restan dramatismo a esta nueva vuelta de tuerca en la reducción del déficit público. De hecho, en los últimos cuatro años (1994 a 1997), el recorte ha sido de 3,5 puntos de PIB, unos dos billones de pesetas. La condición es que la economía mantenga un alto ritmo de crecimiento real, superior al 3%, tal como figura en el Programa de Convergencia (1997-2000).Este esfuerzo engloba tanto al Estado como a la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se sitúa en el horizonte del 2001 y va más allá de lo exigido por el Pacto de Estabilidad para la permanencia en el euro. El límite requerido es del 3% del PIB, salvo que se produzca una situación extraordinaria, en concreto, que la economía decrezca un 2%.

El recorte en algo más de un billón de pesetas que el Gobierno se propone llevar a cabo en cuatro años (1998-2001) es compatible, según fuentes del Ministerio de Economía, con el mantenimiento de las prestaciones sociales. El gasto total aumentará, según aseguran, aunque deberá crecer menos que el conjunto de la economía.

En este escenario se plantean, sin embargo, algunas incógnitas. La primera es la proyectada rebaja generalizada del impuesto sobre la renta. Ésta es ineludible, señalan las mismas fuentes, por razones de "coherencia política", porque estamos en un contexto de libertad de movimientos de capitales y porque en el euro el factor fiscal no debe distorsionar la unidad de mercado.

El margen que da el Programa de Convergencia para rebajar la presión fiscal es de cuatro décimas del PIB, unos 350.000 millones de pesetas. Las fuentes de Economía aseguran que los cálculos están hechos para que esa rebaja del IRPF no tenga que compensarse con subidas de otros impuestos.

No obstante, la OCDE ha advertido al Gobierno que no debe ser excesivamente generoso con la rebaja, porque lo prioritario es reducir el déficit, sobre todo si en dos o tres años el ciclo alcista se agota.

Por la tarde, el presidente del Gobierno, al contestar una pregunta en el Congreso, aseguró que la reforma del IRPF se conjugará con otras medidas complementarias. Según José María Aznar, una será la que tienda "a reformar el Programa de Convergencia, de tal manera que plantee un objetivo de déficit aún más ambicioso; la segunda es conectar la reforma fiscal con el plan de empleo que presentaremos en la Unión Europea".

Otra incógnita es qué pasará con los avales concedidos a las empresas públicas para su endeudamiento si éstas a medio plazo no pueden afrontar los pagos. Economía apunta que, además de que los tipos de interés se han reducido, el sector público empresarial está más saneado y seguirá adelgazando. El pasado ano, las privatizaciones ascendieron a 716.000 millones de pesetas.

Incidirá también el diferimiento de gasto que se produce por el nuevo sistema de financiación de las infraestructuras, el de abono total. El Ministerio de Economía argumenta que durante 1997 y 1998 por este método "sólo" se contratarán 350.000 millones, pagaderos en varios años posteriores, y que en el futuro sólo se podrá aplicar al 30% de la inversión pública. El objetivo es elevar esta partida de gasto sin que sufra, como hasta ahora, el peso del ajuste.

Por otra parte, en el año 1997 se aprobaron 428 proyectos nuevos de inversión por valor de 355.900 millones de pesetas (un 98% más que un año antes) subvencionados con 64.083 millones de pesetas, la mitad a cargo de los fondos para incentivos regionales de la Unión Europea. El número de empleos asciende a 8.689. Los proyectos se ubican en su mayor parte en Andalucía (99.841 millones), Galicia, (62.915 millones) y Extremadura (33.330).