El delegado del Gobierno prohíbe a los taxistas protestar con más de 50 coches

VIENE DE LA PÁGINA 1La resolución de la Delegación del Gobierno también prohíbe a los taxistas interferir y bloquear las intersecciones, así como conducir a velocidad "anormalmente reducida". Y una vez llegada la manifestación al final del itinerario, la orden impone la obligación de "proceder a la disolución de forma inmediata, sin interrumpir la marcha y sin que se produzca concentración alguna".

La Federación Profesional del Taxi anunció ayer que presentará "inmediatamente" un recurso contra la resolución ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Confiamos en que Núñez Morgades sea un demócrata. Pero si no nos deja, ya se verá... hay veces que basta protestar con el silencio", afirmó en tono críptico el presidente de la citada asociación, Juan Sánchez.

El principal fundamento jurídico de la resolución son los propios incidentes registrados el lunes pasado. Así, la Delegación del Gobierno destaca en su escrito que ese día se incumplió el itinerario autorizado; que la manifestación se "prolongó más allá del horario comunicado"; que los taxistas ocuparon todos los carriles, incluidos los de sentido contrario; que impidieron la circulación a coches particulares, transportes públicos y servicios de emergencias, y que llegaron a colapsar la salida del parque de bomberos en la calle de Alcalá durante dos horas. En su repaso a los incidentes provocados por los taxistas, la resolución también subraya que se ocuparon locales públicos (hecho que motivó la detención de seis conductores, que ayer fueron puestos en libertad) y que los manifestantes bloquearon el aeropuerto de Barajas. "Paralizaron la zona de salidas y, posteriormente, de llegadas del aeropuerto, llegando finalmente a obligar a los taxis, que portaban clientes, a bajar a éstos en la gasolinera situada junto al aeropuerto. También agredieron a diversos taxistas que no secundaban la manifestación", dice el texto.

Expuestos estos hechos, la Delegación del Gobierno pasa a recordar que la Constitución permite la limitación del derecho de manifestación cuando la forma en que éste se ejerce lesiona el derecho a los servicios esenciales, como los prestados por ambulancias o cualquier otro tipo de urgencia. "Como ocurrió en el aeropuerto de Barajas el lunes a las 17.10", apostilla la resolución.

Acto seguido, el escrito establece que existen razones fundadas para dar por hecho que los incidentes del lunes se repetirán en las dos próximas protestas, "convocadas por la misma entidad, con la misma motivación e idéntica forma de desarrollo".

Esta situación, sin embargo, no es suficiente, según la autoridad gubernamental, para "prohibir un derecho de tanta relevancia como las manifestaciones", pero sí que basta para limitar sus "elementos accesorios" (el uso de vehículos), por ser éstos los que generan una alteración del orden público "con peligro cierto para personas y bienes".