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La ley de escuchas electrónicas divide al SPD alemán

Pilar Bonet

El Partido Social-Demócrata de Alemania (SPD) puede pagar con un deterioro de su imagen el apoyo que ha prestado a la ley que -en nombre de la lucha contra el crimen organizado- dará amplios poderes a la policía para espiar a los ciudadanos con métodos electrónicos.

Los representantes de los 16 Estados Federados alemanes debaten mañana en el Bundesrat (la Cámara alta del Parlamento) esta ley, además de las modificaciones constitucionales que requiere. La aprobación de ambas cosas depende ahora de un líder regional de filiación social-demócrata, Henning Scherf, el alcalde de la ciudad de Bremen, un político moderado y poco amante de conflictos que se ha opuesto a la línea del SPD en nombre de las libertades ciudadanas.

Scherf quiere a toda costa que el texto de la ley sea revisado de nuevo por los partidos que lo consensuaron. Tras largas deliberaciones, la coalición gubernamental integrada por la Unión Demócrata-Cristiana (CDU), los Social-Cristianos de Baviera (CSU) y los liberales del FDP concertaron el pasado enero con el SPD, el principal partido en la oposición, un texto legal que ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación alemanes.

De ser aprobada por el Bundesrat, la ley, que obtuvo el respaldo del Bundestag (Cámara baja del Parlamento) el 16 de enero permitirá a la policía poner micrófonos y espiar a sectores profesionales que, como los periodistas, los abogados o los médicos, gozan del derecho legal a negarse a prestar testimonio. Del celo policial sólo se salvan los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio, los abogados penales en conversaciones con sus defendidos y los diputados.

Ataques redoblados

En vísperas de la sesión del Bundesrat, los medios de comunicación alemanes han redoblado sus ataques contra el documento. "Ataque a la libertad de Prensa. Gran Coalición contra el Estado de Derecho", es el título de la portada del semanario Der Spiegel, que, en su último número obliga a los miembros del Bundesrat a mojarse y a revelar cómo votarán en la Cámara.El debate público y las presiones de la prensa han servido para poner de manifiesto ante el electorado que Oskar Lafontaine, el presidente del SPD, y jefe del Gobierno del Sarre, difiere en sus opiniones de Gerard Schröder, el jefe del Gobierno de Baja Sajonia. Tales evidencias resultan poco oportunas cuando el SPD no ha decidido aún cual de los dos políticos será su candidato a la cancillería federal y cuando Lafontaine y Schröder se esfuerzan por aparentar que existe una gran armonía entre ambos.

Schröder, que el 1 de marzo se presenta a las elecciones en Baja Sajonia, es partidario de que la ley sea aprobada por el Bundesrat tal como lo fue por el Bundestag. Ello responde a la necesidad de perfilarse como un hombre preocupado por la lucha contra el crimen organizado. Lafontaine, sin embargo, se ha mostrado partidario de cambiar el texto de la ley.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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