El Estado tendrá que indemnizar a un empresario por cerrar la verja de Gibraltar

El Gobierno de Franco acordó el 6 de junio de 1969 el cierre de la frontera con Gibraltar. Casi 29 años después, en una sentencia del pasado 16 de diciembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia en relación con los recursos planteados por unos 50 empresarios que tenían negocios en el Peñón y se vieron obligados a abandonarlos. Así, los herederos del ya fallecido Antonio Marín Morales tendrán que ser indemnizados por el Estado con casi 14 millones de pesetas. Su hijo, Álvaro Marín García, había recurrido a su vez una resolución del Consejo de Ministros, del 17 de febrero de 1995, desestimando la reclamación del demandante por los perjuicios económicos que se le habían causado.

"No era lógico que si los empresarios que vivieron una situación similar en el Sáhara o Guinea fueron indemnizados, los que padecieron el mismo problema en Gibraltar no lo fueran y recibieran siempre el silencio administrativo como respuesta a sus demandas", aseguró el hijo del mencionado empresario, Álvaro Marín García, quien considera un "triunfo moral" la sentencia del Supremo. Una decena de industriales que mantuvieron sus recursos esperan que la sentencia sea seguida por otras igualmente favorables para ellos.

En concreto, el fallo obliga al Estado a pagar a los herederos de Marín 974.612 pesetas, según el valor adquisitivo de 1970, que debe actualizarse mediante la aplicación del índice de Precios al Consumo en el momento de emitirse el veredicto, así como con el interés legal desde esa fecha hasta que se haga efectivo el abono de la indemnización. De esa manera, la cifra se eleva a casi 14 millones de pesetas.