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La OCU reclama al Gobierno una norma urgente sobre inspección de gasolineras

Un dictamen de Metrología indica que falta regulación sobre control de surtidores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) remitió ayer una carta al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, en la que le reclama la adopción de medidas para que entre en vigor cuanto antes una normativa sobre inspección de gasolineras que llene la "gravísima, laguna en la reglamentación" que ahora existe. La OCU tomó esta iniciativa tras recibir un informe del Centro Español de Metrología donde se reconoce que dos de las cinco fases de que consta el sistema de control de los surtidores carecen de regulación, casi 13 años después de aprobarse la ley.

Según el informe de dicho organismo, dependiente de Fomento, el control de los aparatos expendedores de gasolina consta de las siguientes fases: aprobación del modelo; verificación primitiva; verificación después de reparación o modificación; verificación periódica; y vigilancia e inspección.Las dos primeras fases, están reguladas por una orden ministerial de diciembre de 1988, que traslada al derecho nacional las directivas comunitarias, pero la tercera y la cuarta, señala el informe, "como controles de uso en mercado, no son objeto de norma armonizada por parte de la Unión Europea para su ejecución, aunque, al ser necesarias, los Estados miembros adoptan las medidas que consideran oportunas para llevarlas a efecto. En nuestro caso", agrega el texto, "la normativa que las regula se presentará el próximo mes de febrero", en referencia a este mes.

El documento señala que la competencia ejecutiva en cada una de las fases de inspección ha sido transferida a las comunidades autónomas, pero la competencia legislativa "la conserva la Administración General del Estado", motivo por el cual la OCU se ha dirigido al Ministerio de Fomento.

Además, el Centro Español de Metrología sale al paso de la polémica entre la Administración madrileña y la patronal de gasolineras sobre la obligatoriedad de los precintos internos de los surtidores, que hasta ahora no se comprobaban. Y afirma que "la vigilanacia e inspección que realizan las comunidades autónomas están dirigidas a comprobar que el instrumento de medida no ha sido manipulado, bien mediante el levantamiento de los precintos reglamentarios o bien con la incorporación de dispositivos fraudulentos al sistema".

El dictamen oficial admite tres formas distintas de manipular los surtidores: "En el sistema hidráulico, con la introducción de dispositivos adicionales que alteren el contador de vueltas o el medidor; en el cableado que transmite la información desde el emisor al computador, mediante la incorporación de un dispositivo de carácter permanente o no, que incremente el número de impulsos que llegan al computador; y en el computador, modificando el EPROM [programa informático] o la placa". Es decir, manipulación mecánica, electrónica e informática.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Izqierda Unida presentó ayer en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a mejorar y unificar los criterios de homologación e inspección de las gasolineras. Los diputados de IU Mariano Santiso e Inés Sabanés subrayaron la "responsabilidad subsidiaria" de las compañías petroleras, que "han pasado de puntillas" sobre este escándalo, y reclamaron un endurecimiento de las sanciones para que en ningún caso pueda resultar rentable la comisión de prácticas fraudulentas.

La Asamblea de Madrid iniciará hoy el nuevo periodo de sesiones con un pleno extraordinario sobre el presunto fraude en gasolineras de la región, destapado por un estudio de la OCU que se hizo público el pasado día 12. Los diputados escucharán en primer lugar las explicaciones del consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, sobre la campaña de inspecciones lanzada por la Administración autonómica en las casi 400 gasolineras de Madrid. Mientras el PP defiende la actuación del Ejecutivo regional tras la denuncia, PSOE e Izquierda Unida la tachan de tardía, negligente e ineficaz.

Por otra parte, hoy deberán declarar como imputados ante el titular del juzgado de instrucción número 45 de Madrid, Andrés Javier Gutiérrez Gil, los seis directivos del Grupo Villanueva que no comparecieron el miércoles por un defecto en la citación: Francisco Javier Villanueva Bravo, José Rebuelta Moreno, Baldomero Javega Plaza, Antonio Mateo Cerrada, Virgilio Martínez Huete y Lázaro García París.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de febrero de 1998