Tres indígenas simpatizantes de los zapatistas mueren torturados

En un nuevo y confuso episodio de la violencia imperante en Chiapas, tres indígenas aparecieron ahorcados en Ocosingo pocas horas después de que un camión embistiese inopinadamente contra el vehículo ocupado por un dirigente de la Asociación Rural de Interés Colectivo, Antonio Gómez, que resultó muerto. Encadenado el luto, Gómez regresaba de los funerales por el líder campesino, Rubicel Ruiz, quien a su vez fue asesinado por pistoleros desconocidos. "No queremos que un gobernador asesino haga acto de presencia aquí", había increpado Antonio Gómez al nuevo gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, durante el sepelio. El gobernador, dirigente del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), trata de calmar los ánimos de un Estado cruentamente asolado por la violencia política, paramilitar, étnica o religiosa. Aunque la fiscalía se inclina por atribuir la muerte de los tres indígenas de Ocosingo, un hombre y dos mujeres, a un ajuste de cuentas entre familias, fuentes periodísticas aventuran implicaciones políticas al haber sido identificadas las víctimas como simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Antes de ser ahorcadas, las mujeres fueron violadas y rematadas a tiros y machetazos. Al hombre, le cortaron la cabeza después. El procurador general, Jorge Madrazo, no quiso anticipar conclusiones por tratarse de asesinatos cometidos en un área de influencia zapatista, y Juan Vázquez, presidente del comité municipal, apunta a la existencia de una venganza surgida de "las diferencias internas en dos comunidades por las divisiones entre grupos partidistas".

Derechos humanos

Mientras tanto, la referencia del informe del Departamento de Estado norteamericano sobre los derechos humanos en Chiapas y otros Estados censura la corrupción de los cuerpos de seguridad mexicanos y cita asesinatos impunes. "Policías y vigilantes que actuaron en nombre de terratenientes locales siguieron cometiendo matanzas extrajudiciales al desalojar a campesinos de tierras rurales". El documento carga también contra la pasividad gubernamental en el castigo de las personas sospechosas de haber perpetrado abusos o crímenes en Chiapas en 1994, año del alzamiento de la guerrilla dirigida por el subcomandante Marcos. Para Mireille Rocatti Velázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "ni los 500 años de rezago" en que se encuentran los indígenas justifican aquella sublevación armada, a la que siguió una crisis empantanada porque ni Marcos ni la Administración, subraya Rocatti, demuestran la voluntad política y cordura necesarias para superar sus intereses de grupo. Las negociaciones entre el Gobierno y el EZLN no han progresado desde 1997, y, contrariamente, han aparecido grupos paramilitares antizapatistas y una peligrosa tendencia al empleo de la violencia.