Las empresas financiarán la recogida selectiva de envases

Las empresas que se encarguen de la recogida de los residuos de envases, a partir del próximo mes de mayo, deberán hacerse cargo de todos los sobrecostes de esta tarea. No sólo de las amortizaciones de las empresas encargadas del sistema de gestión integrada de residuos, sino de los costes de explotación, de transporte, infraestructuras y del material móvil. A esto se añadirán los gastos de las campañas de sensibilización entre la población para que tome el hábito de depositar en unas bolsas específicas los residuos de envases domésticos.

Éste es uno de los principales acuerdos -reclamado por las comunidades autónomas- a los que llegaron ayer los consejeros de Medio Ambiente de las autonomías y el Ministerio de Medio Ambiente, en la conferencia sectorial celebrada en el palacio de la Magdalena de Santander. Se trata del cuarto y definitivo- borrador de la ley de Envases.

La Conferencia acordó también la creación de una comisión de trabajo para redactar el convenio marco que armonice en todas las comunidades autónomas los acuerdos que éstas suscriban con las empresas encargadas de realizar la recogida selectiva de los residuos de envases.

Tras los acuerdos de Santander, el Reglamento pasará a consulta del Consejo de Estado que lo elevará al Consejo de Ministros con el fin de que entre en vigor en el mes de marzo, según Carlos Vázquez, secretario general de Medio Ambiente.

Cumbre de Kioto

En la misma reunión, la ministra Isabel Tocino informó a las comunidades de las negociaciones que abordará la Comisión, Europea para aplicar los compromisos de la Cumbre de Kioto y que se centran en la distribución por países de la carga neta de emisiones que dañan la capa de ozono.La Conferencia abordó la modificación de la Ley de Información Ambiental que el ministerio aplicará tras haber sido denunciada por la Comisión Europea debido a la deficiente trasposición de una directiva europea.

Estos cambios se sustancian en que el Estado -el ministerio en este caso- no puede contestar con el silencio administrativo a un requerimiento de información por cualquier ciudadano. Con el cambio normativo dispondrá de dos meses de plazo para contestar, a no ser que el tema requerido esté incurso en un proceso judicial o un procedimiento sancionador.

Tocino anunció que a partir de ahora las Conferencias Sectoriales reducirán su agenda a temas concretos y adoptando la fórmula de que asistan a ellas sólo los consejeros autonómicos del sector, ya que se da la circunstancia de que algunos compatibilizan las competencias de medio ambiente con las de obras públicas y otros temas. Las próximas, en junio, serán monográficas: una dedicada al agua y otra a la biodiversidad.