La cuenta del PP para proteger a sus concejales plantea dudas legales, en el Tribunal de Cuentas

La vía abierta por el PP para financiar la protección de sus cargos públicos en Euskadi es de dudosa legalidad, según varios consejeros del Tribunal de Cuentas y ha abierto una tormenta política donde el PP mantiente que la Ertzaintza de no garantizar la seguridad de sus concejales, el PNV teme que la cuestación popular esconda la intención de reforzar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en Euskadi, y el PSOE, apoyado por juristas, destaca la ilegalidad de la cuenta que quiere abrir el PP, pues la ley de financiación de partidos precisa que éstos "podrán recibir aportaciones no finalistas", es decir, sin un fin concreto como el de proteger a sus concejales. El coordinador del PP, Angel Acebes, afirmó el lunes que el Tribunal de Cuentas había dado su visto bueno, cuando sólo se ha pronunciado su presidente, Ubaldo Nieto de Alba, que no consultó al pleno.

Tras el respaldo de José María Aznar, en la última Junta Directiva, a la iniciativa de abrir un cuenta que recoja donativos destinados a sufragar la seguridad privada de los populares, el PP ha esgrimido, para subrayar la "transparencia" de esa financiación, que se trata de aportaciones "finalistas", precisamente cuando la ley de financiación de partidos fija expresamente que éstas deben ser "no finalistas".Los populares realizaron una consulta al presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba -elegido en diciembre a propuesta del PP-, el cual respondió la semana pasada que, en su opinión, la cuenta abierta por el Partido Popular no vulnera la ley de financiación de partidos. En el escrito que envió al PP, con su firma, Nieto argumenta que no son los donantes los que fijan el fin al que destinan sus aportaciones económicas, sino que ha sido el partido político quien lo ha hecho, por lo que no existe riesgo de condicionar o presionar a la organización política, que sería lo que trata de combatir la ley al indicar que los partidos "podrán recibir aportaciones no finalistas".

El presidente del tribunal añadió, según la versión que difundió un portavoz, que se trata de una opinión particular, y que el tribunal, como es un órgano colegiado, ya responderá oficialmente cuando realice la fiscalización de las cuentas del PP. Esas. consideraciones llevaron a otros miembros del tribunal a preguntarse por qué, si es un órgano colegiado, no ha sido consultado el pleno, y qué valor tiene la respuesta a una consulta si no es una institución consultiva sino con competencias de fiscalización a posteriori.

El diputado socialista Francisco Fernández Marugán, miembro de la ponencia que prepara la nueva ley de financiación de partidos, ha recabado los términos de la consulta realizada por el PP y la respuesta del presidente del Tribunal.

Sin pronunciamiento oficial

La solicitud planteada por el PP no fue incluida en el orden del día del pleno celebrado ayer por el tribunal; por tanto, no existe un pronunciamiento oficial. No obstante, algunos consejeros expresaron dudas o reservas sobre el asunto. Uno de ellos, al ser consultado por este diario, manifestó que "debe ser el presidente el que lo aclare [si es o no legal la iniciativa del PP] ya que ha sido él quien se ha lanzado a dar una respuesta". Nieto de Alba rechazó atender las precisiones que le solicitó este diario.El presidente de la sección de Enjuiciamiento, Paulino Martín, sin emitir un veredicto expreso sobre legalidad o ilegalidad, señaló que quienes entreguen aportaciones a la cuenta abierta por el PP lo van a hacer con un evidente fin concreto, que es el que ha invocado el propio PP.

En la noche del martes, durante un debate en la Cadena SER, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, enfatizó en dos ocasiones que la cuenta abierta para financiar la seguridad de los concejales populares en Euskadi tiene "un sentido finalista". E incluso precisó que fue el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien el lunes afirmó ante la Junta Directiva del PP que, "una vez hecha la consulta al Tribunal de Cuentas, ahora es el momento de poder decir a las organizaciones del partido y a nuestros militantes que, en la medida que quieran contribuir, habrá una cuenta con sentido finalista".

Ramón Jáuregui, miembro de la ejecutiva del PSOE, también duda de que la vía escogida "cumpla la ley de financiación". En todo caso, agregó, ha supuesto un "profundo error político" que el PP debería rectificar.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, calificó de "vergonzoso" el plan del PP. A su juicio, una protección total de los cargos Populares llevaría a que ETA fijara otros objetivos. "Esto no tiene fin, es decir, levanta el dedo el industrial, los jueces necesitan protección, las gentes políticas... Entonces, lo que sí llegaríamos es a un Estado, a un ente autonómico como el nuestro, que sé agota en la protección. Se crearía una situación insostenible".

El presidente del Gobierno, José María Aznar, mientras, pedía desde Bruselas "un poquito de prudencia, discreción y sentido común" y se preguntó si lo razonable es esperar a que ETA siga matando concejales del PP. Aznar se negó a responder al comentario de Felipe González acerca de que "se puede privatizar Telefónica pero no la seguridad".

El consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, y Jaime Mayor Oreja conversaron telefónicamente ayer "varias veces", pero el ministro en ningún momento ofreció que la Policía o la Guardia Civil apoyen a la Ertzaintza en la protección de los cargos del PP, según un portavoz ministerial.