Las comisiones de investigación en marcha sólo se suspenderán si hay procesados o inculpados

El Reglamento del Congreso avanza hacia su redacción final. Los distintos grupos políticos han cerrado prácticamente un acuerdo sobre las comisiones de investigación: podrán crearse sobre cualquier asunto de interés público y sólo se suspenderán cuando la Mesa de la Cámara decida que hay identidad entre los hechos o las personas que investigue un juez o tribunal, siempre que se haya llegado a la fase de inculpación o procesamiento. Las mayores diferencias entre los grupos mayoritarios se dan respecto a la Oficina Presupuestaria. Para el PP, debe dedicarse sólo al asesoramiento, pero el PSOE pretende que pueda evaluar y dictaminar técnicamente sobre los Presupuestos del Estado y los costes de cualquier proyecto de ley.

La ponencia que estudia la redacción del nuevo Reglamento del Congreso logró ayer, según la mayoría de sus integrantes, avances significativos. Aunque ningún asunto está cerrado en su totalidad, Manuel Núñez, en nombre del Grupo Popular, admitió que hubo una importante aproximación de posiciones".Las comisiones de investigación podrán crearse sobre cualquier asunto de interés público y podrán pedirlas dos grupos parlamentarios o una quinta parte (es decir, 70) de los diputados del Congreso. Si algún grupo se opone a su creación habrá debate en pleno y sólo se rechazará la creación de la comisión por mayoría absoluta. Eso significa que si, por ejemplo, 170 diputados rechazan la comisión y 165 la aprueban, ésta quedaría constituida.

Tanto Núñez como el socialista Jesús Caldera destacaron que se ha querido salvaguardar la autonomía de los poderes del Estado y los derechos fundamentales de las personas. Para ello, el PSOE aceptó la fórmula que ayer propuso el PP y que consiste en que la Mesa del Congreso podrá suspender una comisión investigadora cuando haya un procedimiento judicial abierto, siempre que haya llegado a la fase de inculpación o procesamiento de alguna persona que vaya a ser llamada por la comisión.

Núñez explicó que el reglamento facultaría a la Mesa para que sea el órgano que dirima si hay "identidad en los hechos o en los sujetos". Si el proceso judicial acabase en sobreseimiento o absolución, el Congreso no podrá investigar sobre esos hechos. Si hubiese condena, la comisión podría iniciar o reanudar su actividad.

Pedro Antonio Ríos, ponente de IU, se muestra disconforme con esta fórmula por entender que asocia excesivamente la responsabilidad penal y la política, mientras que su grupo entiende que se trata de dos aspectos muy diferenciados, que no debieran utilizarse como cortapisa para las comisiones de investigación.

La distinta concepción de las tareas de la Oficina Presupuestaria separa aún a PSOE y PP, aunque ambos expresaron su convencimiento de que habrá acuerdo cuando la ponencia se reúna el próximo jueves.

El PP plantea una oficina presupuestaria única para Congreso y el Senado, con dos departamentos que dependan funcionalmente de la presidencia de cada una de las Cámaras. Su función sería de asesoramiento técnico y jurídico para los grupos y diputados y, además, facilitarían información económica y presupuestaria.

Los socialistas quieren, en cambio, una oficina presupuestaria que evalúe tanto los Presupuestos Generales del Estado como cualquier proyecto de ley que se presente en la Cámara, "desde el punto de vista económico y contable", según explicó Caldera. Núñez replicó que ese tipo de oficina presupuestaria no es el habitual en otros parlamentos y exige un elevado número de funcionarios y un alto coste.

Durante la reunión de la ponencia, según fuentes de la misma, el presidente del Congreso, Federico Trillo, ofreció una fórmula de transacción según la cual la oficina presupuestaria dependería del presidente de cada Cámara y su adscripción funcional sería en la comisión de presupuestos. Este es, precisamente, uno de los aspectos de la propuesta de los socialistas.

En la reunión de ayer no se abordó lo relativo a las preguntas al Gobierno. El PSOE pretende que el presidente deba contestar aquellas preguntas que se le formulan directamente, mientras el PP, según explicó Núñez, sostiene que, de acuerdo con la Constitución las preguntas van dirigidas al Gobierno y, como la inmensa mayoría de los sistemas parlamentarios, es el Gobierno el que decide quién ha de contestar las preguntas que se le formulan.