Una juez ordena cerrar tres gasolineras de Madrid por manipular los surtidores
El fiscal se querella contra el Grupo Villanueva por un delito contra los consumidores
La titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Ana Revuelta, ordenó anoche la clausura inmediata de tres de las gasolineras que denunció la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un informe adelantado el pasado lunes por EL PAÍS. La juez adoptó esta medida cautelar, con carácter excepcional, a petición del fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniain,quien presentó una querella contra los responsables de las tres estaciones tras comprobar el jueves la existencia de un sistema que altera fraudulentamente los contadores y suministra menos gasolina de la que paga el cliente.
La policía judicial, a las órdenes del fiscal Emilio Valerio, responsable de consumo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, inspeccionó el pasado Jueves siete gasolineras del Grupo Villanueva, en el que se centraban las sospechas de fraude.Con el asesoramiento de un técnico de la empresa CETIL, fabricante de los surtidores, los inspectores revisaron los postes expendedores de combustible y verificaron la existencia, en tres de las estaciones de servicio, de un sistema que permitía alterar los contadores de forma que se pagase más gasolina de la realmente suministrada.
En concreto, se trataba de un cableado que iba desde los surtidores hasta una discreta habitación, en el interior de la estación de servicio y lejos de la vista del público, en la que existía un interruptor para activar o desactivar el mecanismo fraudulento.
Las tres gasolineras en las que se localizó este sistema son las de Cerro de la Cabaña, en el kilómetro 7,700 de la autovía de Valencia; José Rebuelta Moreno, en la calle doctor Marañón de la localidad de Majadahonda (Madrid) y la ubicada en la carretera nacional IV (Andalucía), kilómetro 12,500 (Getafe).
En la gasolinera de la autovía de Valencia el estudio de la OCU detectó un fraude que oscilaba entre el 4,7% y el 7% menos en la cantidad de combustible suministrada a los clientes; mientras que en la estación de servicio de Majadahonda el porcentaje de gasolina escamoteado era del 5,4%. En la gasolinera Los Olivos (Loessa) la organización de consumidores comprobó una presunta estafa del 5,4% del combustible suministrado.
El grupo Villanueva, encabezado por Francisco Javier Villanueva Aranguren, es el principal grupo privado de gasolineras en Madrid y uno de los primeros de España. Cuenta con unas 50 estaciones en Madrid, Toledo, Albacete, Murcia, Castellón y Burgos. Su facturación anual supera de largo los 50.000 millones de pesetas, ya que cuenta con algunas de las gasolineras más rentables de España.
Las inspecciones judiciales se realizaron el jueves por la noche, después de que las gasolineras estuvieran sometidas durante todo el día a una discreta vigilancia policial. En una dé las estaciones se detectó, según fuentes de la investigación, un intento de desmontar el mecanismo del fraude.
Ayer por la mañana, con las pruebas en la mano, el fiscal Martínez de Muniain presentó ante la juez una querella contra los responsables de las tres gasolineras, como presuntos autores de un delito tipificado en el artículo 283 del Código Penal. Este artículo castiga con penas de seis meses a un año de prisión y multa equivalente a los ingresos de entre seis y 18 meses "a los que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos".
La investigación de la Fiscalía se inició el pasado lunes, después de que la OCU entregase al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, su estudio sobre las gasolineras de la región, en el que se reflejaba que 14 de ellas suministran entre el 4,3% y el 7% menos de combustible del que cobran. EL PAÍS publicó ese mismo día el informe, pero, a petición de la OCU, mantuvo la reserva sobre su anexo.
El sistema descubierto por la fiscalía afecta al cable que une el medidor, situado en la parte baja del surtidor, con el contador, ubicado arriba y a la vista del público.
Mediante la manipulación se alteran los impulsos eléctricos transmitidos al contador, para que éste contabilice más gasolina de la suministrada.
La policía tenía previsto continuar ayer la inspección de las gasolineras presuntamente fraudulentas, pero el técnico de la empresa CETIL, tras hablar con la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, alegó que no podía seguir colaborando porque le reclamaban las autoridades regionales.
Ayer por la mañana, cuando ya se conocía en el sector la actuación de la Fiscalía, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos difundió un comunicado en el que se comprometía a "proteger [a los consumidores] de posibles fraudes como los detectados esta semana en Madrid". Fue su primera reacción desde que el lunes se difundió el estudio de la OCU.
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