La Comunidad de Madrid eludió inspeccionar ocho gasolineras que le denunció confidencialmente la OCU

, La Comunidad de Madrid perdió ayer una oportunidad preciosa de comprobar si la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre un presunto fraude en gasolineras de la región tiene o no fundamento. Los funcionarios de la Administración autonómica no inspeccionaron las estaciones de servicio incluidas en un listado de gasolineras infractoras que le facilitó confidencialmente la OCU el lunes por la mañana, sino que acudieron a aquellas cuyos nombres habían sido publicados 24 horas antes. Como era previsible, los inspectores no comprobaron ninguna anomalía. El director general de Industria, Leopoldo del Pino, adujo que "la Administración tiene que empezar por las [gasolineras] en que hay más alarma social".

La OCU entregó el lunes por la mañana en la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid su estudio completo sobre estaciones de servicio de la región, en el que se comprueba que al menos 14 de ellas suministran entre un 4,3% y un 7% menos de combustible del que figura en los contadores.El consejero Luis Blázquez se quejó de que la simultánea difusión de este informe en EL PAÍS limitaba la capacidad de actuación del Gobierno autónomo, al quedar advertidos los presuntos infractores. Sin embargo, el director de la OCU, Juan del Real, explicó al director general de Industria, Leopoldo del Pino, de quien depende la labor inspectora, que junto al estudio aleatorio de 21 gasolineras de Madrid, publicado por EL PAÍS, su informe incluía un anexo confidencial de ocho gasolineras más, en las que también se verificó el presunto fraude.

La importancia de esta lista confidencial, además de permitir una actuación por sorpresa, radicaba en que la OCU comprobó en todas ellas una desviación en perjuicio del consumidor del 5% como media. Estas ocho estaciones de servicio son propiedad del grupo Villanueva, los mismos empresarios a quienes pertenecen las seis gasolineras del muestreo general denunciadas por escamotear entre un 4% y un 7% de combustible. En otras palabras, en todas las gasolineras del grupo Villanueva inspeccionadas por la OCU, 14 en total, se detectó una desviación al menos ocho veces superior al máximo permitido (0,5%). Por el contrario, en ninguna estación de servicio ajena a este grupo (que tiene 50 en toda España) se vio un error mayor al 1,2%.

El director de la OCU sugirió al responsable de Industria de Madrid que inspeccionase las gasolineras del listado confidencial, pero los dos equipos de la Administración autonómica que ayer hicieron una inspección extraordinaria de las estaciones de servicio no recibieron la orden de verificar éstas, sino las seis que aparecieron el lunes en la prensa.

Del Pino declaró anoche a EL PAÍS que decidió inspeccionar las gasolineras ya conocidas porque "la Administración tiene que empezar por las que hay más alarma social" y una asociación de consumidores no es quién para organizar el trabajo de un organismo público. En todo caso, alegó, el hecho de que la OCU difundiese ayer el anexo hasta entonces confidencial le restaba todo valor. "La actitud de la OCU es incomprensible, facilita la información cuando le conviene y eso resulta poco serio", agregó.

La OCU difundió el segundo listado a media mañana, argumentando que, tras "el anuncio de que se van a realizar de inmediato inspecciones, no tiene sentido mantener la reserva sobre estos datos que amplían la dimensión del problema". Cuando la OCU hizo público el anexo, los inspectores ya habían iniciado el control de seis estaciones, entre las que no figuraba ninguna de las denunciadas en la segunda lista.

EL PAIS fue testigo de una de esas inspecciones, ejecutada por un funcionario de la dirección regional de Industria y otro de Comercio y Consumo. Los inspectores se limitaron a tomar muestras de combustible en un envase de vidrio de 10 litros. Así ocurrió siempre, con desviaciones inferiores al 0,5%.

Los dos funcionarios no inspeccionaron, sin embargo, el interior de los postes surtidores para comprobar si habían sido manipulados o existían rastros de un mecanismo que, según sospecha la OCU, sólo altera el contador cuando se activa a distancia. El inspector de Industria explicó que sólo debe comprobar el precinto que el ministerio coloca sobre el medidor. Preguntado por los demás precintos, afirmó que los instala la empresa fabricante y se comprueban sólo cuando se instala el surtidor, nunca más.

Respecto a la existencia de un mecanismo electrónico que sirve para manipular el surtidor, Del Pino declaró que "no es ético lanzar un rumor sin poder demostrarlo. Es poco serio. Nadie me ha demostrado que exista". El Centro Nacional de Metrología, dependiente del Ministerio de Fomento, confirmó ayer a la agencia Servimedia que es posible manipular un surtidor de gasolina, incluso con un mando a distancia.