Expeditiva detención de 26 policías que tirotearon a manifestantes en Chiapas

, Los 26 policías que respondieron a balazos su apedreamiento en una población de Chiapas, causando la muerte de una indígena y heridas a dos más, fueron detenidos en una rápida acción del Ministerio del Interior mexicano encaminada a evitar el naufragio de las nuevas gestiones pacificadoras emprendidas por el Gobierno en un Estado donde conviven peligrosamente el enconamiento étnico, religioso y político, el Ejército, la guerrilla zapatista y grupos paramilitares.

La represión a tiros de los cientos de manifestantes que en Ocosingo exigían a gritos y cantazos la salida de la policía de la población sureña ocurrió mientras, en la capital, decenas de miles de mexicanos -en torno a los 100.000, según los organizadores de la marcha más numerosa de los últimos años, y 40.000 en el cálculo policial- protestaban la matanza de 45 indígenas en diciembre. Reclamaban al presidente, Ernesto Zedillo, medidas contra la violencia en Chiapas, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y el castigo de los responsables de los asesinatos perpetrados en Acteal.La dirección del opositor y centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), artistas, punkies, profesionales, amas de casa o delegados del municipio donde ocurrió la matanza, en una muestra del disgusto civil suscitado por la degradación en Chiapas, marcharon desde la céntrica plaza del Ángel hasta el Zócalo y, cuando anochecía el martes, escucharon arengas y la lectura de un descalificador comunicado zapatista. "Mientras en México y en el mundo se exige justicia para los indígenas mexicanos, el Gobierno continúa su estrategia de mentiras, traiciones y asesinatos".

El Ejecutivo de Zedillo, sometido también a la presión de los más intransigentes del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), contrarios a cualquier concesión al subcomadante Marcos, recibió con desaliento las noticias procedentes de Ocosingo. El nuevo titular de Interior, Francisco Labastida, admitió lo "ilógico" de responder con fuego real al bloqueo de una carretera y a las piedras. Según Labastida, la rápida detención de los policías por el Ejército "debería mandar una señal muy firme y clara de que la decisión y la voluntad del presidente es contribuir a la paz y aplicar la ley sin distingo alguno".

Durante las protestas del sureste, en la carretera de Ocosingo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, medio millar de indígenas de la Coalición de Organizaciones Autónomas marcharon gritando contra la presencia del Ejército en Chiapas. Toparon con un destacamento policial, que fue increpado: "¡Asesinos! !Váyanse, para nosotros ustedes son asesinos!". El incidente no pasó a mayores.

Los manifestantes, de simpatías zapatistas, prosiguieron y, en un cruce de caminos, encontraron otra dotación policial. Se reanudaron gritos y apedreamiento. Primero, gases lacrimógenos, y después, el tableteo de metralletas. Los policías, en tanto los manifestantes buscaban refugio tras los muros de una gasolinera o en las cunetas, recibieron la orden de retirarse. Atropelladamente lo hicieron en un camión, que en su precipitada salida casi deja en tierra a dos agentes. Colgados varios metros de la carrocería, pudieron trepar hastas los asientos. Varias piedras dieron en la trasera del vehículo, y desde el interior del camión dispararon entonces al cuerpo. Guadalupe Méndez, de 25 años, fue alcanzada mortalmente en el abdomen, y su hija, en brazos, recibió un tiro en un brazo.

La represión fue condenada por las fuerzas políticas mexicanas, y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) coincidió con un extendido diagnóstico: Chiapas seguirá cobrándose víctimas "si no se da un cambio radical en las actitudes, y no sólo en los nombres y cargos", en referencia a los nuevos nombramientos del Gobierno para abordar una nueva estrategia pacificadora.