La Fiscalía de Madrid abre una investigación sobre el presunto fraude

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió ayer una investigación sobre el presunto fraude en las gasolineras de la comunidad autónoma, denunciado por la OCU (véase EL PAÍS de ayer). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) entregó ayer por la mañana en la fiscalía el resultado de su estudio, según el cual tres de cada 10 gasolineras inspeccionadas suministran entre un 4,3% y un 7% menos de combustible del que cobran, lo que supone de 5,2 a 8,4 pesetas por litro de gasolina súper. El PSOE pidió la comparecencia en el Congreso del ministro de Industria, Josep Piqué.

Según la OCU, su estudio demuestra que al menos seis de las 21 estaciones de servicio visitadas por sus inspectores han escapado a los controles que realiza la Administración, por lo que "es absolutamente urgente que se tomen medidas para evitar que esto se vuelva a producir".Las inspecciones se efectuaron entre los días 21 de noviembre y 5 de diciembre pasados por técnicos especializados de la OCU, quienes tomaron muestras de la cantidad de combustible suministrada sin darse a conocer a los encargados de las gasolineras, en contra de lo que hacen los inspectores oficiales.

El defase detectado en seis estaciones de servicio entre el combustible que figura en los contadores de los surtidores y el. efectivamente suministrado supone aproximadamente medio litro de gasolina por cada diez. Para un repostaje de 40 litros, lo habitual en un turismo, el cliente puede perder entre 205 y 338 pesetas, que paga por una gasolina que en realidad no está recibiendo.

Los gasolineros que defrauden a los consumidores suministrándoles menos carburante del que cobran pueden ser castigados con penas de seis meses a un año de cárcel, de acuerdo con el actual Código Penal, según manifestó a Servimedia el director de Automovilistas Asociados Europeos, Mario Arnaldo.

El Grupo Socialista, por su parte, pidió ayer la comparecencia del ministro de Industria en el Congreso para que informe y dé su opinión sobre este presunto fraude. El titular de esa cartera, Josep Piqué, recordó que el control de la venta de gasolinas corresponde a las consejerías de cada comunidad autónoma, no a su departamento. Sin embargo, añadió, durante una visita oficial a Logroño, que el ministerio tomará "cartas en el asunto" para conocer la denuncia de la OCU.

De su lado, el secretario federal del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI), Diego López Garrido, comunicó ayer al adjunto primero del Defensor del Pueblo que su formación política presentará hoy una queja ante esta Institución por el llamado "fraude de las gasolineras" que, en su opinión, podría constituir "una estafa invisible de miles de millones de pesetas".

Un portavoz de la compañía petrolera CEPSA, con una cuota en el mercado español del 25%, manifestó a Efe que "es normal que haya deficiencias en el suministro de medio punto porcentual arriba o abajo por condicionantes técnicos, pero todo lo que se escape de ese porcentaje hacia arriba es engañar al cliente".