El mayor cliente exige un descuento

EL ESTADO, a través de la Seguridad Social, es el principal consumidor de medicamentos. Exige, por ello, un trato de cliente privilegiado. Ésa es la clave dé la negociación entre la industria farmacéutica y el Gobierno. La víspera de Nochebuena, el Ministerio de Sanidad y el consorcio que agrupa a las empresas de producción de fármacos (Farmaindustria) alcanzaron un preacuerdo -pendiente de ciertas compensaciones- que se transformará en acuerdo formal la semana próxima.En virtud del mismo, las empresas aportarán la mitad, aproximadamente, de los 65.000 millones de pesetas que el ministerio pretende ahorrar en gasto farmacéutico, en el marco del acuerdo sobre financiación de la sanidad acordado en noviembre entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El montón restante deberá salir de una reducción de la lista de especialidades financiadas por el Estado -Una versión limitada del medicamentazo- y de la sustitución de otros fármacos por genéricos.

El dato fundamental del problema es que el gasto farmacéutico venía creciendo en España a un ritmo del 15% anual y amenazaba con llevar a la quiebra todo el sistema sanitario público. De no haberse tomado las medidas de racionalización del gasto aprobadas a partir del famoso Informe Abril (julio de 1991), la factura farmacéutica habría superado en 1997 el billón de pesetas, doblando la cifra de cinco años atrás. La eliminación de algunas medicinas de escasa utilidad terapéutica o destinadas a síntomas menores, a partir de 1993, permitió por primera vez reducir la factura de medicinas en un 7%. Esa tendencia, sin embargo, no se consolidó, y en 1996 el gasto superó los 800.000 millones. Los expertos consideran que basar el ahorro únicamente en la exclusión selectiva de fármacos puede tener efectos perversos: que los médicos, receten otros medicamentos no excluidos de la lista, y más caros. Por eso, en 1995 se alcanzó un acuerdo con la industria para completar esa medida con otras destinadas a abaratar el coste de las especialidades, simplemente con cargo a los muy cuantiosos beneficios del sector. La reducción media sería del 3%.

El fundamento de esa política es que, siendo el Estado el principal cliente, las reglas de la competecia rigen muy relativamente en el sector farmacéutico. Si un particular adquiriera un porcentaje tan elevado de la producción de una industria dada, impondría sus condiciones, rebajando sustancialrriente los precios; pero al ser el Estado el cliente, el efecto es más bien inverso: las subidas apenas afectan el consumo de una determinada especialidad. Éste es, al menos, un aspecto del problema, aunque las cosas son, por supuesto, algo más complicadas en la realidad: hay un aumento de la demanda relacionado con el grado de desarrollo y con la mayor longevidad. El Gobierno tiene motivos, por tanto, para apretar las tuercas en el ejercicio de su responsabilidad. Para ello ha amenazado con exclusiones más drásticas, de medicamentos subvencionados, algo que los laboratorios contemplan como una amenaza peor que la moderada reducción del sus beneficios.

El acuerdo es, así, el resultado de un cierto equilibrio entre los Intereses de las partes. Supone que la industria farmacéutica doblará la aportación que ya hacía en función del acuerdo de reducción de beneficios de hace dos años. Entre las posibles contrapartidas se estudia un mayor apoyo público a la investigación. Pero el principal interés que salvaguarda el acuerdo es la viabilidad del sistema público de sanidad: nada perjudicaría tanto a la industria como la quiebra del mismo.