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Tribuna:EL PARLAMENTO Y LA GRAMÁTICA
Tribuna
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El lenguaje de las leyes actuales

Hay quien opina que la calidad del lenguaje de las leyes que emanan del Congreso de los Diputados y del Senado está hoy, como regla casi general, bastante alejada de lo deseable. No es preciso convertirse en atento observador de los escritos parlamentarios de carácter normativo para apreciar en ellos con cierta frecuencia defectos léxicos, ortográficos, semánticos y hasta gramaticales, por no aludir a los de estructura y contenido formal.El problema no es menor al conectarse de forma acusada con la pulcritud y la belleza de la palabra escrita, metas a las que debe aspirar toda obra legislativa, al igual que cualquier obra humana que desemboque en aquélla. Pero ahí no se agota. La correcta redacción de las leyes se vincula estrechamente a valores estelares como el de la seguridad jurídica, el de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el del reino de la legalidad. Por si alguien pudiera considerar lo dicho baladí, el profesor Prieto de Pedro ha recordado que el correcto escribir legislativo forma parte del papel promocional de la cultura que la Constitución de 1978 confía a los poderes públicos. "En el empleo de la lengua", afirma, "los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a la corrección lingüística; el Estado de cultura tiene un compromiso claro de respeto en la emisión de sus propios actos de lenguaje -y, en particular, en la redacción de las normas jurídicas- a las reglas de la gramática, columna vertebral de toda lengua".

La llamada técnica legislativa constituye el conjunto de reglas y mecanismos ideados al servicio de la más correcta redacción de las leyes. La atención que se le ha prestado ha sido creciente en los sistemas democráticos contemporáneos y ha enraizado tanto dentro de la institución parlamentaria como fuera de ella. Sin embargo, los parlamentos han sido los portadores principales de la antorcha de esta técnica y sus fines. Paradigma es el caso italiano, donde en la Cámara de Diputados existe un Ufficio per la redazione tecnica dei tesfi normativi y en el Senado el Servizio per la redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti con la misión de cuidar de la corrección lingüística de los textos legales.

Desgraciadamente, no se puede decir lo mismo con respecto a los poderes públicos en España. En efecto, en nuestro país se ha concedido por lo general escasa atención a la técnica legislativa, incluso alguna vez despreciada con crasa miopía. No obstante, en el terreno gubernamental es destacable el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991 "por el que se aprueban las directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley", iniciativa tan encomiable como poco fructífera a la luz de lo que llega a las Cortes Generales. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, particularmente con ocasión de los proyectos de ley llamados de acompañamiento presupuestario, -dislates de técnica legislativa, además de portadores de otras máculas jurídicas de mayor fealdad-, han esbozado pasos en pro de la mejora de la redacción de nuestros textos legales. Poca cosa, empero, para tarea tan grande y punzante.

No tendría mucha importancia lo anterior si el Congreso y el Senado desempeñarán papel de primera línea en favor de la mejor estructura y redacción de las leyes emanadas de ellos. Sin embargo, y a pesar del interés y desazón reinantes en círculos parlamentarios en este punto, las Cámaras, según mi parecer, no se han preocupado todavía lo suficiente de la materia a la que me refiero y, por seguido, no se han establecido propiamente los mecanismos encauzadores de tal preocupación. Ante lo cual, causa cierto sonrojo que instituciones parlamentarias de habla española, como la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con menos medios y quizá motivos que los nuestros, cuenten con una Sección de Filología servida por funcionarios y con una Comisión de Redacción, órgano que debe revisar todo proyecto de ley tras su primera lectura o debate inicial, fiel exponente ello de su preocupación por la mejor elaboración de las leyes.

A mi modo de ver, el problema se ha teñido ya de unos caracteres que reclaman la atención decidida de nuestra Cámaras. Tal atención debería canalizarse, según mi limitado criterio, en un doble plano.

El primero de ellos es el del establecimiento de un marco normativo general donde se fijen las exigencias técnico-legislativas que deban ser respetadas siempre. La instrucción de la Presidencia o de la Mesa, según el enfoque que se quisiera dar a este cuerpo normativo, que abordara tal materia tendría que ocuparse de la estructura lógica y formal de los proyectos de ley, de su léxico, ortografía, reglas gramaticales y estilísticas, de la semántica, sin olvidar lo relativo a la delimitación del contenido de la iniciativa en cuanto a la unidad del objeto, complitud de la regulación, remisiones y cita de otras disposiciones, entre otros extremos.

Pero aquí no acaban los instrumentos parlamentarios que hay que diseñar en favor de la inaplazable mejora de la técnica legislativa. Considero que con la aprobación de la instrucción a la que me refería en el párrafo anterior no basta. Es preciso atribuir a un órgano parlamentario, o bien nuevo o ya existente, en ambos casos dotados del imprescindible asesoramiento, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa aludida. Sería, por otro lado, un paso significativo en la tarea propuesta que figurara una mención a ella en el nuevo Reglamento del Congreso hoy en gestación avanzada.

Me cabe el inmenso honor de haber pasado muchas horas al servicio del Congreso. Por eso sé de la dificultad de poner manos en la obra que sugiero. Pero también sé, por un lado, que el deterioro de la técnica legislativa ha llegado ya en alguna ocasión a extremos abrasivos y, por otro, que el Congreso y el Senado se encuentran actualmente empeñados a través de sus órganos rectores en fortalecer su función y sus medios. Soy de la opinión de que la mejora de la técnica legislativa debe tener su huequecito dentro de tan loable y necesaria tarea.

No olvidemos que, como escribe Octavio Paz, "la lengua es un signo, el signo mayor de nuestra condición humana", y que, a la postre, "la palabra es nuestra morada. En ella nacimos y en ella moriremos".

Luis María Cazorla Prieto es catedrático de Derecho financiero y tributario, y letrado de las Cortes Genérales.

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