Garzón da carpetazo a la 'amnistía fiscal' y cree "una temeridad" hablar de tráfico de influencias
Baltasar Garzón, juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acordó ayer archivar, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el caso de la supuesta amnistía fiscal encubierta durante la etapa socialista, con un alcance superior a los 200.000 millones de pesetas de perjuicio para la Hacienda Pública. En su resolución, Garzón no aprecia "dato o indicio racional alguno" de delito ni de que la Administración tributaria otorgara trato de favor a determinados contribuyentes, como denunció el PP. "Hablar de tráfico de influencias ( ... ) supone una temeridad", afirma el magistrado.
La resolución de Garzón, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, explica que la investigación que ahora se archiva se inició por la denuncia de "una supuesta amnistía fiscal encubierta, producida mediante el perdón de la deuda tributaría" en la etapa del PSOE, descubierta por los nuevos responsables de la Agencia Tributaria, tras la llegada del PP al poder.Garzón revela que en la investigación se han cruzado los datos aportados por la Agencia Tributaria, los expedientes de la Oficina Nacional de Inspección y las delegaciones especiales de Madrid y Barcelona afectadas de prescripción administrativa, con los listados de la Unidad Especial de Vigilancia y Represión del Fraude Fiscal. El resultado obtenido permite la valoración que conduce al archivo.
No hubo arbitrariedad
Una primera conclusión es que la Administración Tributaria, cuando interpretó que la reglamentaria prescripción de seis meses tan solo atañía a la fase de inspección que concluye en el acta, no actuó "arbitrariamente, sino que lo hizo siguiendo un criterio estrictamente jurídico avalado por diversas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional y de distintos órganos jurisdiccionales". No aparece ningún indicio de que se hiciera con ánimo de perjudicar a la Hacienda Pública o de favorecer a determinados contribuyentes.Sin embargo, ante la evidencia de que se ha producido "un perjuicio objetivo al erario público", la investigación realizada conduce a "ubicarlo en las deficiencias derivadas de la escasez de medios personales, materiales y organizativos y de una legislación oscura -la del Reglamento de Inspección-, que ha permitido la aplicación de un criterio interpretativo rechazado posteriormente por los tribunales".
El juez Garzón admite que la Administración tributaría no fue capaz de "atisbar el cambio de interpretación jurisprudencial", pero asegura que "no existe dato o, indicio racional alguno" de que, desde dicha Administración, se otorgara "trato de favor a determinados contribuyentes". Y añade, tajante: "No cabe, por tanto, hablar de tráfico de infuencias, y el hacerlo supone una temeridad que va en descrédito de profesionales que han cumplido con su obligación, dentro de los márgenes establecidos reglamentariamente".
Ausencia de consignas políticas
La resolución judicial se ocupa específicamente de las primas únicas, que apuntaban a la falta de liquidación tributaria de La Caixa [Garzón no la menciona] entre junio de 1993 y octubre de 1994, a consecuencia de determinadas consignas políticas derivadas del pacto parlamentario entre PSOE y CiU. A la vista de la investigación, Garzón explica que la dilación obedeció a la necesidad de dar una solución global a operaciones complejas y asegura "la inexistencia de tales consignas o injerencias de los responsables políticos jerárquicamente superiores a aquellos que ordenaron la liquidación".El magistrado asegura que
tampoco cabe hablar de prevaricación administrativa" y en cuanto a los "hipotéticos delitos" de los responsables de la Agencia Tributaría contra la Hacienda Pública, "no aparecen en la causa indicios de la comisión de ilícito penal alguno" ni "ánimo de perjudicar a la Hacienda Pública ni de favorecer a determinados contribuyentes".
Sólo queda viva, desglosada en un procedimiento independiente, la investigación sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan al ex jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, su hermano Paolo y otros 36 directivos de Tele 5. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de un fraude inicialmente apreciado en unos 2.000 millones de pesetas entre 1991 y 1993.
