Zedillo ordena perseguir a los responsables de la matanza y reitera que pactará con los zapatistas

El rostro del México bronco que el lunes asomó en Chiapas busca sabotear de forma irreversible un acuerdo del Gobierno con los zapatistas, al que se oponen los sectores más duros de los caciques locales. Así pareció comprenderlo Ernesto Zedillo, que en una intervención especial se dirigió ayer al país para dejar claro que no lo conseguirán. El presidente mexicano reafirmó su "indeclinable voluntad de llegar a un acuerdo con la insurgencia zapatista" y ordenó perseguir con todo el peso de la ley a los autores materiales y a los inductores de la matanza de 46 campesinos que ha estremecido a México.

México se despertó ayer conmocionado. Pero la conmoción se fue transformando en dolor a medida que nuevos datos arrojaban claridad sobre la matanza del lunes en Acteal. En eso, unas declaraciones del gobernador del Estado de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Ernesto Zedillo, en las que aseguraba que "no es tiempo de lanzar acusaciones", acabaron de desquiciar el ambiente en todo el país. Diversos grupos de derehos humanos, así como la diócesis de San Cristóbal de las Casas, apuntan a grupos paramilitares vinculados y apoyados por el PRI local como responsables últimos de la matanza del lunes.Ante el nivel de la protesta nacional, atronadora en todas las radios del país, el presidente Zedillo arrebató el caso de las manos de Ruiz Ferro y decidió que sea la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía federal, la que investigue los hechos.

"Quienes han participado en la planeación y la ejecución de este acto deben recibir todo el peso de la ley, con independencia de su condición social, política o religiosa, ya que nada puede justificar la atrocidad que han cometido", afirmó el presidente. Se trata de un "cruel, absurdo e inaceptable acto criminal".

EE UU urgió al Gobierno de México a investigar la matanza. "Esto es algo horroroso y el Gobierno de Estados Unidos urge al de México para que investigue con rapidez y por completo lo que ocurrió, y para que garantice una adecuada protección de los ciudadanos de esa región", dijo un portavoz del departamento de Estado.

La oposición deploró la masacre. Los conservadores del Partido de Acción Nacional (PAN) advirtieron del riesgo de que la violencia se extienda a otras regiones del Estado de Chiapas y pidieron la inmediata intervención del Gobierno federal. La izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), primera fuerza de oposición en la Cámara de Diputados, fue más allá y acusó al Ejecutivo de Zedillo de ignorar el sufrimiento de los indígenas chiapanecos.

"La divisa del Gobierno, en el caso de Chiapas, ha sido la cerrazón, mostrando notable indiferencia ante las violaciones de los derechos humanos de los grupos más indefensos de nuestro país", dijo el PRD, al tiempo de pedir a Zedillo que detenga la "barbarie caciquil"

En el punto de mira están los grupos paramilitares surgidos como oposición a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Zona Norte y Los Altos de Chiapas. Sus nombres son Paz y Justicia, Los Chinchulines y otros. Todos tienen vínculos más o menos explícitos con el PRI y con caciques ganaderos y terratenientes locales.

Los paramilitares o escuadrones de la muerte, como los llama la dióesis de San Cristóbal, se oponen al diálogo de paz y es a ellos a quien favorece el empantanamiento de las negociaciones entre el Gobierno y los zapatistas, cuyo último contacto tuvo lugar hace casi un año.

A este respecto, el vicario Gonzalo Ituarte dijo que con la masacre se aleja la paz en Chiapas, pues se trata de "un hecho de guerra, una provocación, pues cada vez que ha habido pasos de pacificación, pasos de diálogo (como los que se intentaron hace unos días entre priístas y zapatistas en Chenalhó) ha habido acciones que sabotean".

Muertos de ambos lados

Empobrecidos desde hace siglos, los indígenas de Chiapas destacan especialmente en el mapa de la miseria extrema en México. Explotados y humillados, golpearon la conciencia nacional mexicana en enero de 1994, con el alzamiento del EZLN.Apenas un año después surgieron los paramilitares, y con ellos una ola de violencia que, según el obispo Ruiz, pudo haber causado ya más muertos que la rebelión zapatista. Sin embargo, los miembros de Paz y Justicia, el principal de los grupos paramilitares, sostiene que en sus filas han caído 94 indígenas, mientras que por parte de las bases de apoyo zapatistas murieron 46.

Mientras la guerrilla zapatista sigue acorralada en la selva Lacandona, sin disparar un tiro desde los primeros días de 1994, la violencia crece en el Norte y Los Altos. El. análisis del obispo coadjutor de San Cristóbal de las casas, Raúl Vera, es sombrío: "La evaluación que hago es que estamos al borde de la guerra civil; no entendemos porqué el Gobierno federal y estatal no están haciendo algo para que esto se solucione". Vera asegura que hay evidencias de que "diputados del partido oficial [el PRI] patrocinan la venta y tráfico de las armas".