Cardenal apoya la negativa de Fungairiño a investigar la desaparición de españoles

El fiscal del Estado, Jesús Cardenal, remitió ayer al Congreso de los Diputados un informe en el que apoya la postura mantenida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, contraria a que los tribunales españoles sean competentes para juzgar a los responsables de las dictaduras militares en Argentina y Chile por delitos de genocidio y terrorismo. La actuación de Fungairiño recibió ayer duras críticas en la Cámara. El portavoz socialista, Juan Manuel Eguiagaray, enmarcó el caso como un síntoma de la actuación autoritaria del Gobierno, y la portavoz de Izquierda Unida Rosa Aguilar, expresó al Ejecutivo su "obligación ética de destituir inmediatamente" al polémico fiscal de la Audiencia Nacional.

Fungairiño sostenía en un informe que los militares argentinos "no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido mediante acta institucional que tenía por objeto, precisa mente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública".El informe de Cardenal constituye únicamente la respuesta a dos diputados, aunque anticipa lo que será la postura oficial de la Fiscalía del Estado sobre los procesos que instruyen los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Manuel García Castellón sobre los españoles desaparecidos durante las dictaduras militares argentina y chilena.

Los diputados Cristina Almeida y Joan Saura, ambos del grupo Mixto, habían remitido el pasado día 15 una carta a Cardenal, en la, que solicitaban la destitución de Fungairiño por considerar que su informe suponía un apoyo y justificación de la represión en esas dictaduras. Ayer, a las 13.13 horas, los dos diputados recibieron un fax, remitido por el fiscal general del Estado, en el que se incluye un dictamen que analiza y justifica el emitido por Fungairiño.

El escrito de Cardenal, titulado Informe sobre el presunto apoyo a la actuación de la Junta militar argentina en una nota elaborada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, señala textualmente: "No parece ajustado a la verdad atribuir a la nota [la de Fungairiño] ninguna finalidad de justificación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina, que son descritos con inequívoca dureza, ni de exculpación de sus autores, que son identificados también de manera inequívoca (la Junta Militar, los militares) y calificados de criminales y delincuentes".

Cardenal analiza el párrafo del informe de Fungairiño que más polémica ha generado, el relativo a la posibilidad de calificar las desapariciones sistemáticas de personas como delitos de terrorismo, lo que justificaría la competencia de los tribunales españoles. Por un lado señala que es discutible que las Fuerzas Armadas argentinas en un todo puedan ser consideradas como una banda armada. Por otro, explica que la finalidad del exterminio no era la subversión del orden constitucional, sino la sustitución temporal del orden establecido para subsanar las deficiencias de que adolecía para mantener la paz pública.

Fungairiño había puntualizado que los militares recibieron de la presidenta de la República en 1974 un mandato para suprimir las actividades terroristas del grupo montonero, mandato que luego extralimitaron hasta extremos tales que llegaron a convertirse ellos mismos en criminales y a destituir a la propia presidenta de la nación. El fiscal Cardenal asegura que "nada hay en este párrafo que permita deducir un apoyo a la ulterior actuación de la Junta Militar".

Pese a todo, el fiscal del Estado no tendrá que acudir ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para dar explicaciones sobre el caso Fungairiño. La Mesa de la Cámara rechazó ayer por unanimidad la petición del Grupo Mixto en ese sentido.

La actuación de Fungairiño tuvo ayer gran eco en el Congreso. La portavoz de IU, Rosa Aguilar, aseguró que el Gobierno tiene la "obligación ética de destituir inmediatamente" al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, informa Juan Manuel Eguiagaray, portavoz del PSOE, enmarcó el caso como una más de las actuaciones autoritarias del Gobierno. "No puedo entender que las dictaduras militares de Argentina o Chile puedan ser exculpadas por un fiscal, que es un agente al servicio de la democracia", dijo.

Diego López Garrido, presidente de Nueva Izquierda, indicó que "es impresentable que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional desarrolle en un informe apología del terrorismo de Estado". "El responsable del nombramiento de Fungairiño es el fiscal general del Estado y el Gobierno, como último responsable, debería haber cesado a ambos si son partidarios de defender lo que se hizo en Argentina y Chile", añadió.