La Fiscalía de Medio Ambiente pide seis meses de prisión para el propietario de una mina de Galapagar

La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra el propietario de una mina de estaño y titanio ubicada entró Galapagar y Las Rozas. El fiscal considera que sus dueños han contaminado el río Guadarrama con vertidos y movimientos de tierras ilegales. Pide seis meses y un día de prisión menor para el dueño, Antonio Sánchez Lozano, y que pague una multa de tres millones de pesetas. Igualmente, el fiscal reclama que se indemnice con otro millón al Ayuntamiento de Las Rozas, municipio donde el río Guadarrama deposita los vertidos de la mina.En el escrito de acusación de la fiscalía se lee, que la empresa minera solicitó al Ayuntamiento de Galapagar, el 29 de julio de 1988, una licencia para edificar una nave destinada a dependencias de la mina. El Ayuntamiento denegó el permiso, dado "el alto valor paisajístico y ecológico de la zona" donde se pretendía abrir lamina. Pero desde 1992 en la zona se extraen metales que son "sometidos a un sistema de lavado que concluye en el arroyo del Pontón, que desemboca en el Guadarrama".

Según la fiscalía, el Ayuntamiento de Galapagar intentó, sin éxito, detener la actividad de la empresa. Como sus propietarios hicieron caso omiso a los requerimientos, el consistorio "ha continuado elaborando de forma constante informes medioambientales negativos". Los análisis demuestran que la mina no ha respetado los niveles máximos de partículas en suspensión: 20 miligramos por litro. De hecho, las dos muestras efectuadas indican que los niveles oscilan entre los 98 y 43 miligramos por litro.

Este periódico habló con Antonio Sánchez hace unos meses, cuando la fiscalía abrió las primeras diligencias. Sánchez declaró: "Esta mina no contamina, pues no utilizamos ningún producto químico. Es más, el agua que vertemos está más limpia que cuando la extraemos".