El fiscal fiscalizado

En un Estado de derecho el primado de la ley vale para todos, salvo -en medida nada desdeñable- para los partidos políticos. Y es que hay ciertas normas que, aunque en apariencia estén también por encima de ellos, ya se han encargado ellos antes de ponerlas a su entero servicio. Poco de bueno debe esperarse de esa tenebrosa ley de financiación de partidos políticos, pongamos por caso, mientras sea urdida y pactada sólo por los propios partidos. Es lo malo que ya ocurre con los Tribunales de Cuentas del Estado y de las Comunidades Autónomas: que, maniatados por las grandes sectas (o sea, por las mayorías parlamentarias), no pueden pedirles cuentas. Y, como se las pidan, entonces se arma la de Dios es Cristo o, en insidiosa maniobra, descabalgan a su presidente a la menor ocasión. Esto último es lo que acaba de suceder en Navarra. Si te lo explico, lector, es porque también habrá sucedido o sucederá en la tuya.Los dos partidos mayores de Navarra, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el socialista, han fraguado una alianza non sancta para remover al actual presidente de la Cámara de Comptos (así se llama nuestro tribunal de cuentas), una vez que éste ha concluido su mandato y se presentaba a la reelección. No hubo duda de su pericia profesional y, sobre todo, de su independencia política; al revés, eso es justamente lo que se le reprochaba. En su mérito, estuvo su pecado y lleva ahora la penitencia. Esa Cámara de Comptos, al denunciar los turbios dispendios de dos Gobiernos en obras públicas, del Ayuntamiento de la capital en el negocio urbanístico, del sindicato mayoritario en cursos fantasmales, de la Universidad pública en graciosos complementos retributivos.... ha cumplido a la perfección su tarea, que es la de velar por el buen uso de las arcas públicas. Pero, claro está, ha revelado también ante la ciudadanía que cada una de aquellas instituciones presenta sombríos borrones a la hora de cumplir la suya. Pues bien, que pague su osadía. Los partidos reprueban como intolerable lo que la ley ordena y los ciudadanos agradecen. Los papeles se invierten y ya no es el Gobierno quien debe rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, sino éste el llamado a rendirlas ante los partidos que han ocupado, ocupan o aspiran a ocupar el Gobierno. Así que una de dos: o bien se trata de una represalia por la detección de sus pasados manejos, o de una precaución para encubrir los futuros. O las dos a un tiempo.

Ni que decir tiene que los prohombres de la maniobra han recurrido a la tararira de costumbre para justificar lo injustificable. El partido del Gobierno no ofreció más argumento que el de ser una propuesta legítima. Y, como para él lo legítimo es lo conforme a la ley, pasa a confundirlo sin más con lo legal. En cuanto algo se puede hacer según la ley, sobra toda consideración acerca de si se debe hacer; lo permitido es ya por sí mismo impecable. De modo que no hay en la sociedad instancia valorativa más alta que el derecho, ante el que deben postrarse la política y la moral. ¿Acaso no dice la jerga juvenil "ser un tío legal" para resumir la virtud de alguien? Bien es verdad que, cuando se trata de comportamientos delictivos de ciertos políticos, las tomas cambian: toca entonces apelar a las prédicas morales y a las responsabilidades políticas, pero no a las judiciales.El otro compinche, el atribulado Partido Socialista posturralburiano, esta hoy dirigido por una comisión gestora o gestante que aún no ha aprendido la enseñanza impartida por sus ex jefes recientes. A la única voz entre sus filas discrepante con aquella defenestración, se le replicó que esa comisión estaba en su derecho democrático de proponer al candidato de su preferencia. Mejor sería que no invocaran el nombre de democracia quienes la ignoran del todo en la teoría y la desprecian en su práctica. En esta cuestión, como en tantas otras, ni siquiera se han atenido a los requisitos democráticos de la decisión política. Pues ni aquella comisión es representativa de sus militantes o electores, sino tan sólo de la Ejecutiva federal que la impuso, ni ha convocado a deliberación pública a nadie, pues no faltaba más. En el resto de la "familia" socialista -base, parlamentarios, futuro secretario general-, ha reinado el silencio de los corderos hijos de la valiente Navarra.

A diferencia de la autocrática, una política democrática, si no es honrada, se esforzará al menos en parecerlo. Al fin y al cabo, la democracia no es sólo forma, pero sí principalmente forma. Muy podrida debe de estar, pues, la cosa pública si con tanta frecuencia los partidos políticos, lejos de guardar ciertas apariencias de honestidad, se esmeran más bien en exhibir con desfachatez las contrarias. Puede apostarse entonces que su arrogante prepotencia cuenta de antemano con el concurso de una ciudadanía aburrida o sumisa. Claro que, por si les suena, un tal Kant ya dejó sentado este principio: "Son injustas todas las acciones que se refieran al derecho de otros hombres cuyos principios. no soportan ser publicados". Pero hoy es bastante seguro que cualquier barbaridad, como la que aquí relato, pueda publicarse con mínimo rubor del político y sin asomo de escándalo por parte del ciudadano. En estos tiempos, como en aquéllos, el hombre público prefiere el secreto a la publicidad, pero lo único que no soporta es el fracaso de sus propósitos.

Por eso me asombra el modo como concluye Ciriaco de Vicente sus lecciones para el Tribunal de Cuentas (EL PAÍS, 25 de noviembre) a partir del chirriante informe sobre la Expo 92. Pues el hecho habitual de "que su presidente, al presentar cada informe al Parlamento, dé la impresión de estar representando a los gestores fiscalizados" no es en modo alguno "una imagen distorsionada y perversa que viene persiguiendo al tribunal". Bien al contrario, es la forzosa imagen que ha de proyectar un tribunal cuyas funciones son pervertidas desde el mismo procedimiento de designación de su presidente, sea atribuyendo cuotas a los partidos según sus escaños, sea por acuerdo de la mayoría parlamentaria. En Navarra ya lo cantan hasta los chicos en el recreo: el fiscalizador superfiscalizado por su mismísimo fiscalizado mal fiscalizador será.

Las lecciones son demasiado obvias como para adoptar un tono solemne. La principal es que los partidos, como cualquier otro sujeto físico o moral, no pueden ser a la vez juez y parte de su propia conducta cuando ésta entra en conflicto con la ley. Otra cosa sería, además de patente aberración jurídica, la voladura de un pilar básico del Estado de derecho. Las comisiones de investigación formadas por parlamentarios, ¿por qué será?, nunca aciertan a descubrir en otros parlamentarios los indicios de delito que más tarde encuentran los tribunales. Aplíquese este cuento a nuestros tribunales de cuentas (y a la Cámara de Comptos), que son unas permanentes y más libres comisiones de investigación de los gastos públicos, y sáquense las consecuencias. La más inmediata es que ese órgano controlador ha de estar, por definición, fuera del alcance del poder y de los intereses partidarios, que son justamente los controlados. Para ser (y parecer) independiente, su presidencia deberá cubrirse por otras vías que no sean la sospechosa designación por los partidos más poderosos. En todo caso, tal nombramiento requiere la unanimidad de las fuerzas políticas o, mejor, habrá de dejarse (como otro modo de ejercer la oposición al o a los partidos del Gobierno) en las manos exclusivas de los grupos minoritarios.

Todo menos favorecer el cambalache. La democracia se dice de muchas maneras, pero no será la menos apropiada definirla como el conjunto de cautelas dispuestas para limitar el uso discrecional del poder político. De suerte que ninguna ley o institución menos democráticas que ésas que no sólo permiten, sino que alientan el abuso. Los hombres somos seres corrompibles, como se sabe; nada digamos si es el derecho el que excita aún más tamaña propensión natural. Será un fruto más de la partitocracia, nuestra forma perversa de democracia.