La Generalitat se desmarca del Gobierno y defiende fijar objetívos para reducir el paro

El Gobierno recibió ayer el rechazo de sus socios catalanes a la postura mantenida en la cumbre del empleo. El consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, se desmarcó claramente y apostó por establecer un calendario que fije térrminos y objetivos para la reducción del paro en España, que, con una tasa del 20%, casi duplica la media comunitaria. Coalición Canaria, otro socio del Gobierno, también se opone y anunció que presentará una proposición en el Congreso, algo que también anunció 1 PSOE y que Nueva Izquierda ya ha heho para que el Gobierno quede obligado cumplir las medidas. El PP contraatacó señalando que responden a una "lectura precipitada" y no cierta.

El consejero catalán dijo que a la Generalitat le gustaría poder respaldar alguno de los acuerdos que el ejecutivo popular no apoyó (medidas de apoyo a parados de más de 12 meses y jóvenes de menos de 25 años con más de seis meses en el paro). Ignasi Farreres, que participó ayer en Tarragona en una jornada para empresarios organizada por el periódico Cinco Días, se mostró partidario de aprovechar el clima generado tras la cumbre de Luxemburgo y alcanzar un pacto global para la generación de empleo que incluya al Gobierno, los sindicatos y Ja patronal, informa Josep Garriga."Sería conveniente que lo fijado en Luxemburgo, que no obliga categóricamente pero sí moralmente, nos lo planteáramos a nuestro nivel porque la creación de empleo tiene que ser nuestro objetivo prioritario. Pero no es un problema sólo del Gobierno, sino que implica a todos los agentes", dijo.

Por su parte, Josep Antoni Duran Lleida, el principal dirigente de Unió Democrática de Catalunya -el partido aliado de CDC- expresó la necesidad de que el Gobierno "presente en las próximas semanas sus planes sobre empleo, periodificados".

Si CIU mantiene la postura expresada por Farreras podrá apoyar la proposición no de ley presentada por Nueva Izquierda y la que han anunciado PSOE y CC. NI pide que se obligue al Ejecutivo a que cumpla, los objetivos y plazos fijados -en la cumbre y el PSOE subrayó que presentará iniciativas similares a las aprobadas en Luxemburgo. La Ejecutiva del PSOE dedicó la mayor parte de su reunión de ayer al análisis de la Cumbre, informa Anabel Díez. Lerma calificó la actuación del Gobierno de "fracaso estrepitoso".

Los socialistas consideran que las críticas están haciendo mella en el Ejecutivo a juzgar por las reacciones "defensivas" tanto del PP como del ministro de Trabajo, Javier Arenas. "El Gobierno está intentado en horas rehacer su imagen diciendo que van a intentar cumplir los objetivos y los plazos fijados en la Cumbre", observó Lerma.

Los ciudadanos "deben comprender que sí existe diferencia entre la izquierda y la derecha", subrayó Ramón Jáuregui, que denunció que el rechazo de Aznar "va directamente contra quienes más necesitan ayuda [jóvenes y parados de larga duración]".

Falta de rigor, según el PP

Coalición Canaria también acordó ayer presentar una iniciativa parlamentaria que obligue al Gobierno a sumarse al acuerdo de Luxemburgo. Los nacionalistas canarios mostraron su "insatisfacción" y anunciaron que tomarán las medidas necesarias para lograr "un pacto global de Estado que permita a España no perder el carro de la lucha contra' el desempleo". Su portavoz en el Congreso, José Carlos Mauricio, criticó la actitud adoptada ya que, en su opinión, "España ha actuado a la defensiva", informa Marta Cantero.El coordinador general del PP, Ángel Acebes, expresó ayer su malestar ante el sentido negativo que se ha dado de manera mayoritaria en España a la posición del Gobierno, informa Javier Casqueiro. Acebes acusó a los críticos por hacer "valoraciones precipitadas", con poca "seriedad" y con falta de "rigor" por "no haber leído bien el documento Final de conclusiones o por mentir descaradamente".

Arenas intervino ayer ante el comité ejecutivo nacional del PP para explicar la actuación del Gobierno. Arenas enfatizó, como luego le secundaron el vicepresidente primero Francisco Álvarez Cascos y el propio Acebes, que el Ejecutivo no autoéxcluyó a España de ninguna cláusula porque no era posible ni necesario y que intentará cumplir los objetivos fijados en Luxemburgo de cinco años.