España se autoexcluye

LA CUMBRE de Luxemburgo sobre el empleo ha mejorado las pobres expectativas previas a la misma. Al final, los Quince consiguieron algunos acuerdos que definen una incipiente política común para combatir el paro. Estos resultados obligan a los países europeos a cumplir objetivos de reinserción laboral de los parados jóvenes y de larga duración, mediante la fórmula de cuantificar ofertas de empleo o formación profesional en el plazo de cinco años. El hecho de que estas decisiones se hayan producido -más allá del escepticismo sobre compromisos poco definidos y que carecen de instrumentos financieros propios para cumplirlos- es un indicador de que los dirigentes políticos europeos parecen haber anotado el gravísimo problema de tener 18 millones de parados y, por otra parte, que las posiciones más reticentes hacía la conveniencia de aplicar actuaciones comunes (aunque sean mínimas), como Alemania y España, han plegado velas en beneficio de quienes defendían políticas más activas.Si el resultado global del encuentro de Luxemburgo es satisfactorio en general, la posición de España no lo es tanto. Nuestro país es el único que, por el momento, ha declarado tajantemente que se unirá a la cláusula de exención o exclusión aprobada en la cumbre, según la cual los países con tasas de paro inusualmente elevadas podrán cumplir los programas de reinserción laboral en un plazo superior a los cinco años fijados para el resto de los países. Es decir, que mientras los parados jóvenes y de larga duración de los países europeos cuentan con el compromiso de sus Gobiernos de que tendrán. nuevas oportunidades laborales en el próximo lustro, bien mediante una oferta de empleo, bien, mediante cursos de reconversión profesional,- los desempleados españoles -casi el 2 1 % de la población activa-, y concretamente los de larga duración -que son aproximadamente 1.700.000 personas-, no podrán exigir a su Gobierno el cumplimiento de tal compromiso. El plazo será superior a esos cinco años, pero España no ha precisado por ahora en cuánto tiempo será superior.

La autoexclusión española del primer atisbo de política de empleo común en Europa no es, evidentemente, un capricho, sino una opción política. La economía española es una de las que han tenido que aplicar un ajuste presupuestario mayor y en un periodo de tiempo más corto -el déficit ha pasado desde más del 6% del PIB hasta menos del 3% en tres ejercicios presupuestarios para cumplir los criterios de convergencia de Maastricht. Las exigencias para integrarse en el euro, al tiempo que se mantienen los niveles de protección social y de inversión pública, obligan a realizar dificiles equilibrios con las cuentas públicas. Resulta complicado cuadrarlas sin romper las costuras, pero la asignación de recursos internos es la mayor de las políticas económicas que quedan a los Gobiernos nacionales.

Que la posición del Gobierno sea explicable no impide que esté obligado a cumplir ciertas condiciones. La primera es de información: Aznar debe informar a los ciudadanos cuál es el- coste de aplicar a los parados los compromisos de incentivo y promoción profesional adquiridos en Luxemburgo, y cuál es, pues, la imposibilidad financiera que obliga a España a inhibirse de esos acuerdos. Estos datos son fundamentales para que la sociedad sepa las consecuencias de la autoexclusión y, sobre todo, para que puedan debatirse políticas de empleo sustitutivas. En un dilema tan grave como el de disminuir el paro, no puede renunciarse sin más a debatir la inversión en programas de recolocación y formación de parte de los ingresos obtenidos por las privatizaciones o las subvenciones a las empresas públicas, por poner dos ejemplos.

Desde un punto de vista político, la cumbre de Luxemburgo no ha sido satisfactoria para España: es la primera vez que un Gobierno español hace uso de una cláusula de autoexclusión -una especie de opting out, en la jerga comunitaria-, y ello implicará una pérdida de homogeneidad con las políticas laborales del resto de Europa. España se descuelga del acervo comunitario en un momento crítico, precisamente cuando los Quince han apostado por una política social común reclamada con fuerza por las opiniones públicas.

Las debilidades estructurales de la economía española, esta vez indisimulables, obligan a elegir una vía más lenta de aproximarse a la política europea de empleo: severo correctivo para el propagadismo del que ha hecho gala el Ejecutivo español. Aceptada como inevitable esta decepción, es imprescindible que no se agrave posteriormente con la resignación y el desinterés. El Gobierno tiene más plazo para cumplir los objetivos, pero no bula para olvidarlos. No- estaría de más que, como prueba de buenas intenciones, fijara -con la mayor rapidez- en qué plazo superior a los cinco años se compromete a aplicar su propio programa antiparo.